No habrá expropiación. No habrá expolio. Se quedan, los remanentes se quedan. Montero, Sánchez y el PSOE se dan estrepitosamente de bruces después de que el Congreso haya derogado el Real Decreto que requisaba los ahorros a los ayuntamientos. De esta manera, el Gobierno ha sufrido la primera gran derrota política de la legislatura, viéndose privado de instrumentalizar a las administraciones locales como entidades de crédito para sobrevivir a la debacle económica que amenaza unos presupuestos que no se aprobarán. La operación ‘confiscar el superávit' se ha visto truncada por los mismos socios que auparon a Sánchez en la moción de censura.
193 votos en contra de toda la oposición (lo cual es muy llamativo) han sepultado un decreto que suponía un atraco edulcorado a los municipios. Tan escandalosa era la propuesta de Hacienda que han conseguido poner de acuerdo a VOX y a Bildu; cosas veredes, amigo Sánchez, que farán fablar las piedras. La rebelión de los alcaldes ha sido la sentencia de muerte de un decreto indefendible que extirpa a los socialistas la posibilidad de venderse como los adalides del municipalismo. Agustinet y Rafa Ruiz se tuvieron que dar crema en las rodillas (no por rezar) cuando se apresuraron a decir que no había problema en entregar su alma y el dinero de sus vecinos al narciso monclovita, pero ahora deberán buscar algún otro ungüento para disimular el sonrojo provocado por la vergüenza. Según Sofía Hernanz, la culpa de que no hayan sabido derogar la reforma laboral como prometieron, de que no hayan podido anular la autonomía local por decreto, de que no se paguen los ERTE, de que la UE desmienta a Sánchez y de que Manuel Castells todavía no haya encontrado trabajo es de Montoro, como siempre. Sánchez pierde, ergo los Ayuntamientos ganan.