Ciudadanos dio la voz de alarma el pasado 19 de agosto denunciando, en los medios de comunicación, la aprobación inicial de un convenio urbanístico entre el Ayuntamiento de Sant Josep y un fondo buitre para permitir la construcción de doce viviendas de lujo en Port des Nebot (Cala Vedella), el núcleo del municipio más castigado por la especulación inmobiliaria. De hecho, todos conocemos las múltiples aberraciones urbanísticas que durante las últimas décadas se han cometido en esta zona, muchas de ellas incluso acabando en los juzgados. Además, cabe recordar los graves problemas que arrastra Cala Vedella en cuanto a servicios básicos como el agua, el alcantarillado, el alumbrado público y otras infraestructuras.
Pese a todo, el equipo de Gobierno, formado por PSOE y Unidas Podemos, en vez de buscar una solución para esta área, decide alinearse con un fondo especulador para facilitar, a todas luces, lo que se conoce como un pelotazo urbanístico y seguir así arrojando cemento en la costa josepina. Es preciso señalar que partimos de una licencia otorgada en 2005, que lleva quince años sin ejecutarse, y que se ha prorrogado en varias ocasiones de manera injustificada, por lo que no cabe excusa para que a día de hoy ésta hubiera prescrito. Con estos mimbres, llama la atención que socialistas y podemitas se presten a peligrosos malabares urbanísticos para lograr que el nuevo proyecto multimillonario encaje en los terrenos de es Port des Nebot.
La indecente maniobra consiste en hacer una modificación puntual del área de actuación para desgajar los terrenos del plan parcial de Cala Vedella y reconvertir este suelo al antojo de los especuladores, es decir, urbanismo a la carta. Por todo ello, el pasado 31 de agosto Ciudadanos presentó al pleno una moción para solicitar la revocación del convenio y la revisión de la caducidad de dicha licencia. La propuesta, que recibió el apoyo de todos los partidos en la oposición, tanto de izquierdas como de derechas, fue tumbada por PSOE y Unidas Podemos. Y para más inri, ambos partidos justificaron su voto en contra de la moción alegando un «innegable interés general», un argumento de lo más falaz, ya que este convenio no contribuye a crear puestos de trabajo ni a dinamizar el comercio local o el sector turístico, además, durante su elaboración tampoco se ha contado con la opinión de la ciudadanía a través de una consulta popular o reuniones informativas con los vecinos de la zona. Por lo que más que un «innegable interés general», lo que parece haber es un innegable interés particular.
A mi juicio, es un escándalo que, sobre una licencia sobrepasada con creces y claramente agotados los plazos para seguir prorrogándola, el Ayuntamiento de Sant Josep se ampare en subterfugios para beneficiar al promotor. Si se han agotado todos los plazos, no queda otra que solicitar una nueva licencia porque la anterior ha perdido sus efectos para poder ejecutarse, se declare o no su caducidad. Y es aquí donde el Consistorio de Sant Josep debe avalar que no tiene ninguna responsabilidad patrimonial porque el titular de la licencia no cumplió con sus obligaciones tal y como se refleja el artículo 154 de la LUIB.
Como portavoz del grupo municipal de Ciudadanos he seguido reclamando al alcalde, Josep Marí Ribas Agustinet, la anulación del convenio, y además, le he propuesto explorar tres vías: abrir una nueva caducidad, revisar la última caducidad o revisar los cuestionados derechos de la propia la licencia. Tres escenarios que por la vía legal el Consistorio de Sant Josep podría zanjar este asunto, ya que se trata de un expediente lleno de irregularidades que constituyen una ofensa para el resto de los residentes los cuales están sometidos a interminables trabas burocráticas para realizar un trámite urbanístico por pequeño que sea.
De hecho, estoy seguro que de haberse tratado de la licencia de un particular no se hubiera abierto la puerta del Ayuntamiento, pero como lo que hay encima de la mesa pertenece a un entramado societario multimillonario, la cosa cambia.
Pese a todo, debo reconocer que en la última reunión que mantuve esta semana con el alcalde, percibí en él una actitud distinta ante mi insistencia. En esta ocasión salí del Ayuntamiento con la impresión de que Agustinet ha ido madurando el asunto y sopesando las consecuencias que podría traerle elevar al pleno la aprobación definitiva de semejante atropello con el voto en contra de toda la oposición. Por esta razón, quiero pensar que finalmente prevalecerá el sentido común y el alcalde dará marcha atrás al convenio después del 18 de septiembre, día en el que finaliza el periodo de alegaciones. Una noticia que de confirmarse en los próximos días, servirá para alejar a los fondos buitres de una tierra que ha sufrido las mayores atrocidades urbanísticas de la isla.