A principios de julio, el Gobierno del PSOE y de Unidas Podemos lanzó un primer aviso cuando excluyó de las ayudas extraordinarias a la educación para hacer frente a los sobrecostes derivados de la covid a la concertada.
Aquel primer intento de ataque a las clases medias y a la libertad de educación finalmente fue abortado y no se ejecutó tamaña fechoría.
Además de saber que el Gobierno lleva meses reclamando apoyo a otras formaciones a unos presupuestos cuyo proyecto no está elaborado aún, esta semana hemos conocido que el hachazo fiscal que prepara el Gobierno incluye subir los tipos superreducido (4%) y reducido (10%) y eliminar la exención de la que gozan en la actualidad la sanidad privada y la escuela privada y también algunos servicios de la concertada, entre otras medidas.
Es obvio que la medida no solo tiene un supuesto y muy discutible afán recaudatorio. Subyace un posicionamiento ideológico en el preocupante interés en elevar el tamaño de un sector público cada vez más insostenible y, por lo tanto, la dependencia de la sociedad del mismo. Además de atacar a las clases medias (a las altas no les hace ni cosquillas esta subida del IVA).
A nadie ha de sorprender que un comunista haga cuanto esté en su mano para hacer crecer el tamaño del sector público que, entre otras cosas, es manifiestamente ineficiente, abundan los abusos y los escaqueos , como todo el mundo sabe, especialmente los que trabajan en él y lo ven con sus ojos a diario, sin perjuicio de que abundan excelentes profesionales que cumplen con rigor, profesionalidad y responsabilidad con su deber.
«Qué más da gato blanco o gato negro, lo importante es que cace ratones». Lo dijo Deng Xiaoping , el pragmático dirigente chino, en 1962 y se lo contó muchos años después, en 1985 a Felipe González , quien no dudó en hacer suyo el aforismo.
Uno de los múltiples ejemplos de la habilidad camaleónica del histórico líder socialista fue precisamente la educación concertada. González se dio cuenta de que para el Estado era un chollo concertar con entidades religiosas y, en menor medida, laicas.
Por la sencilla razón de que el coste del alumno para las arcas públicas es menor porque las familias pagan dos veces por el mismo servicio, la pública a través de los impuestos, y los servicios de la concertada a través de cuotas y demás artificios que se inventan los centros para cuadrar los números, y porque los profesores cobran menos.
Euro arriba, euro abajo, el coste para las arcas públicas de un pupitre en la concertada es de casi 3.000 euros al año y en la pública de 5.500. El de uno en la privada es cero, ya que los padres asumen todos los costes y los beneficios de la empresa que hay detrás.
Recortes en las familias.
Cuando las familias se ven obligadas a recortar para llegar a fin de mes, recortan, no como la administración. Cada uno tiene su propia pirámide de Maslow y en función de sus prioridades trata de cuadrar su tesorería.
Y, obviamente, que suba el precio del colegio privado y del seguro sanitario ayuda a que la familia decida dejar de asumir ese coste y tire de los servicios públicos que también paga, al menos, hasta que vengan tiempos mejores.
El previsible trasvase de clientes de la privada a la pública acabará diluyendo el supuesto ingreso fiscal de la eliminación de la exención del IVA, ya que el Estado no recaudará el 21% de la facturación actual de ambos sectores y, además, tendrá que hacer frente al incremento de costes que supondrá atender a más población.
Por si fuera poco, no estamos ante una cuestión exclusivamente presupuestaria, ya que existe riesgo de colapso para el sector público de ambos servicios esenciales, ya que no se construyen colegios, hospitales ni centros de salud de un día para otro, por lo que la calidad de los actuales usuarios bajará en forma de más ratios y más listas de espera.
Todo ello sin despreciar la posibilidad de que centros sanitarios y educativos acaben cerrando ante la imposibilidad de hacer frente a la caída de la demanda. Un pan como unas tortas.
Cifras.
El Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad ha ofrecido datos que permiten dibujar nítidamente la magnitud del problema que de forma consciente -por muy poca consideración que le podamos tener a alguien que se sienta en el Consejo de Ministros, a la reflexión anterior llega todo el mundoe irresponsable puede crear el Gobierno, si no da marcha atrás en la felonía en curso.
Actualmente, 8,7 millones de personas tienen un seguro privado complementario en España, lo que implica un ahorro estimado mínimo de 5.000 millones de euros para el sistema público. Además, el sector privado lleva a cabo el 30,5% de las intervenciones quirúrgicas (1,6 millones), registra el 23,5% (1,3 millones) de las altas y de los ingresos y atiende el 24,5% (7,3 millones de las urgencias) en todo el territorio nacional. La sanidad y la educación privada son, pues, patas esenciales de ambos servicios públicos, aunque pueda parecer paradójico.
No todo el mundo renunciará al seguro por la subida del IVA, ni lo hará de golpe.
En el mejor de los casos, la jugada del Gobierno puede acabar reportando 1.300 millones de euros netos en ingresos, es decir, el 0,006 % de la recaudación de 2018, cifra que contrasta con el riesgo que supone.
La Airef, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, siglas que seguro que le suena porque cada dos por tres nos asusta con recortes en la subvención del 75% de los viajes, advierte que podemos estar ante un caso paradigmático des negoci de na Peix Frit , que el venia a cuatre i el comprava a sis : «De levantarse la exención, el mayor ingreso obtenido por el Estado en concepto de IVA podría ser compensado por un mayor coste de la provisión del servicio por el sistema público».
Todo ello contraviniendo las recomendaciones de la Unión Europea, asociación a la que solo miramos para que nos den la pasta. Los gobiernos, todos, no se preocupan de cuadrar las cuentas con una mayor eficiencia, con una mayor productividad, con una mayor y mejor externalización de los servicios en la empresa privada. Solo saben subir impuestos y reducir la renta disponible de las familias. Un mal camino.
Difícil de entender tanta incoherencia.
El absurdo que hemos vivido esta semana con el levantamiento de las restricciones a la movilidad de l'Eixample es preocupante por sí mismo, pero más aún porque no es un caso asilado, sino que se suma a otros despropósitos por todos conocidos. La consecuencia de tantas y tan erráticas decisiones es que los ciudadanos han perdido la confianza en los que están al mando de las operaciones y, en consecuencia, no se creen nada de lo que les cuentan las autoridades, lo que diluye la efectividad de las medidas.
Al principio de la pandemia, Francina Armengol fue elogiada por su firmeza y capacidad de anticipación, atributos que se escaparon por el otrora corredor aéreo seguro con Alemania.
Las declaraciones de Javier Arranz en Periódico de Ibiza y Formentera el pasado domingo la han desnudado y la han despojado de legitimidad porque demuestran que no se atrevió a imponer cuarentena con Barcelona, foco de transmisión en ese momento, para preservar la economía, decisión que reintrodujo el virus en estas islas. Y ahora pagamos las consecuencias.
Esperemos que esta vez sea verdad lo que nos cuentan y logremos cerrando a la 22 horas y sin restricciones a la movilidad, lo que no logramos cerrando a las 22 y con restricciones a la movilidad en l'Eixample, ya que la cifra de contagios no bajó y el virus se extendió por otras partes de la ciudad de Ibiza.
DECISION IDEOLÓGICA
El fin de la exención de IVA en la sanidad y educación privada, una ruina para el Estado por el trasvase de usuarios a la pública.
ARMENGOL, DESNUDADA
Las afirmaciones de Javier Arranz ponen a Armengol en la diana por no haber impuesto la cuarentena que pidieron los técnicos