Al fin. Celebro el anuncio del Ministerio de Justicia sobre su intención de revisar los delitos «relacionados con excesos en el ejercicio de la libertad de expresión para que sólo se castiguen conductas que supongan claramente la creación de un riesgo para el orden público o la provocación de algún tipo de conducta violenta, con penas disuasorias, pero no privativas de libertad». En la propuesta planteada por Justicia se deja también «al margen del castigo penal» las manifestaciones artísticas, culturales o intelectuales. Hay que poner en valor que el marco en el que se acometerá dicha revisión será el que establece «el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la Unión Europea y la mayor parte de la doctrina española».
La libertad de expresión constituye uno de los fundamentos esenciales sobre los que se construyen los derechos civiles en una democracia. Una sociedad abierta y democrática tiene que tolerar que se escriba o se diga lo que no nos gusta leer ni escuchar. El libre concurso de unas opiniones con otras no debería enfrentar a una pena de cárcel. La libertad de expresión es sencillamente la misma para todos los ciudadanos. Lo que quiero decir con esa afirmación es que la libertad de expresión de los demás es la misma que garantiza la mía. Por lo tanto, si limito la de los de demás limito la mía.
Hay que poner el valor la libertad de expresión como garante de la pluralidad y de una sociedad libre. Cualquiera tiene derecho a expresar su pensamiento. En vez de censurar, lo que hay que hacer es defender los discursos con argumentos y no con imposiciones caprichosas. La censura no debe ser nunca una opción.