Es conveniente saber que mientras la mayoría de nuestros padres y abuelos esperaban una llamada del Ibsalut para vacunarse cinco altos cargos de la administración consiguieron una dosis de la primera partida que llegó a Baleares a finales de diciembre. Aquel día, mientras más de un millón esperaban su vacuna, cinco individuos/as se saltaron los protocolos de vacunación y se suministraron una dosis. Cuando saltó el escándalo lo primero que hizo el Govern fue negarlo, luego justificarlo, y ahora se planta y dice que no dará la información que solicita la Oficina de Anticorrupción porque entienden que atenta contra los datos personales de 130.000, a quienes solo falta por convertirse también en sospechosos por culpa de cinco caraduras que se saltaron la cola y consiguieron una dosis antes que las personas mayores y el personal sanitario, mucho más expuestos al coronavirus que el resto de ciudadanos.
Si el ritmo de vacunación en Baleares ya es escandaloso (se lleva poco más del 5 por ciento después de tres meses) la protección a ultranza por parte del Govern de los cinco altos cargos que hubiesen tenido que ser destituidos fulminantemente es una desvergüenza total y absoluta. Qué pena que los habituales adalides de la igualdad y los derechos de los ciudadanos no salten de sus asientos para denunciar este atropello ciudadano. Porque el hecho que el Govern proteja a los infractores mientras sanciona a los ciudadanos por no llevar una mascarilla por la calle es una infamia y no tiene ni pies ni cabeza.Y otra vergüenza es el papelillo que le hacen hacer a la Oficina Anticorrupción, un organismo creado a petición de Podemos en 2015 para demostrar más transparencia que nadie, pero a la hora de la verdad han torpedeado todas sus investigaciones. Afortunadamente algunos ya no engañan a nadie.