El puerto de Ibiza está siendo motivo de constantes escándalos en los que la APB parece tener un protagonismo especial. Concesiones de dudosa legalidad y obras sin licencia son motivos de una cefalea creciente para políticos y técnicos, tras las informaciones que Periódico de Ibiza y Formentera ha desvelado. El Plan Especial es un instrumento de planeamiento urbanístico que debería ordenar el puerto y amparar las edificaciones que en él se desarrollen, pero en la actualidad no está aprobado, lo cual no ha supuesto el menor de los problemas para que allí se hagan obras que carecen de licencia y amparo legal. En la APB están demasiado acostumbrados a adoptar decisiones al margen de la Ley en el seno de su consejo de administración, atribuyéndose con soberbia e inconsciencia la condición de legislador inviolable, algo que la jueza Martina Mora podría empezar a corregir cuando levante el secreto de sumario sobre la causa que instruye su juzgado y descubramos una lista de investigados por corrupción que se antoja larga.
El PSOE de Rafa Ruiz calla, como de costumbre, e intenta aguantar el chaparrón eludiendo la responsabilidad que su propio PGOU en vigor le otorga. A Aitor Morrás por su parte, poco le importa que desde hace 20 años se hagan obras ilegales en el puerto y más de una decena de comercios carezcan de licencia de actividad. El que venía a ponerlo todo patas arriba, se ha apoltronado con extrema comodidad en la cátedra de la irrelevancia y el bel far niente. Lo más grave de este escándalo es que la APB y el consistorio construyen impunemente obviando los procedimientos legales, mientras que cualquier ciudadano tarda años en recibir una licencia, amén de tener que capear la arbitrariedad funcionarial que rige a la hora de otorgarlas.