Seguro que, a día de hoy, nadie que resida todo el año en nuestra isla de Eivissa tendrá la menor duda que uno de los grandes problemas que están pendientes de resolver es la movilidad en su más amplio sentido. El transporte marítimo está pendiente de la aprobación de un reglamento ligado a una ley autonómica que lleva más de diez años aprobada y que debe suponer la capacidad de aplicarla en su integridad; el transporte aéreo no deja de provocarnos periódicos sobresaltos, cuando no es la insuficiencia de frecuencias o los horarios incomprensibles, es la duda sobre lo que pueda pasar con el descuento a los residentes y finalmente la movilidad terrestre en general, incluyendo tanto el vehículo privado como el transporte público, que viene siendo un caos. Y es precisamente en este último en el que me quiero centrar esta semana.
Varias son las noticias que han ido apareciendo en estos últimos meses y que por supuesto tienen relación directa con la movilidad terrestre. Un plan de movilidad municipal anunciado a bombo y platillo por el Ayuntamiento de Eivissa y que ya veremos lo que se tardará en ponerse en practica y cuándo podremos disfrutar de algún efecto positivo gracias al mismo; unas eternas negociaciones entre Consell y Ayuntamiento, independientemente del color político que gobierne en cada una de las dos instituciones, sobre el futuro de la E-10 , popularmente conocida como primer cinturón de ronda; unas concesiones de transporte público terrestre que vencieron en 2018 y que ya llevan tres años sin renovar y sobre las que recientemente se han anunciado importantes novedades; la problemática de los taxis piratas que año tras año no hace más que agravarse o finalmente los proyectos de ampliación de aceras en Vila y la consecuente eliminación de numerosas plazas de aparcamiento que tienen sublevados a los residentes y comerciantes de esas zonas.
Es precisamente este rosario tan diverso de situaciones que sí o sí inciden sobre la problemática que afecta a nuestra isla lo que resulta la evidencia más palpable de dónde está la única alternativa viable para su resolución. Aún suponiendo que alguna de las propuestas anunciadas acabaran siendo realidad dentro de varios años, lo que está claro es que no supondrían más que tiritas en la grave herida que supone el problema.
Hasta que alguien se dé cuenta que la problemática situación que afecta gravemente a nuestra pequeña isla debe ser planteada de forma global a partir de un organismo público, llámese consorcio o como se quiera, con la participación y, lo que es más importante, la coordinación de todas las instituciones de la isla, es decir Consell y los cinco Ayuntamientos –al efecto que se pueda visualizar en conjunto aquello que nos afecta a todos sin excepción– será muy difícil resolver el grave problema.
Que el ayuntamiento de Vila apruebe un plan de movilidad propio sin tener en cuenta que en este municipio esta uno de los dos puntos de entrada de pasajeros y mercancías para toda la isla, que en el mismo también están servicios insulares básicos como los juzgados, la sede del Consell, el hospital de la isla, la sede de los cuerpos de seguridad, etc.; que se amplíen aceras sin haber negociado con los afectados ofreciéndoles alternativas viables de aparcamiento; que todavía no exista un transporte público urbano en condiciones o que no se aproveche la transformación de la E-10 en avenida urbana para tratar de descongestionar el trafico en el municipio puede hacer que el plan municipal quede en papel mojado.
Por otro lado, que el Consell mejore los vehículos de transporte público, haga que deban ser eléctricos, que haya más paradas o que el usuario pueda recibir más información del servicio tampoco conseguirá que se reduzca el uso del vehículo privado, y menos mientras las líneas de bus deban circular necesariamente por la misma red de carreteras congestionadas que utilizan el resto de coches privados y sigan encontrándose con tremendos atascos para acceder a los diversos cascos urbanos de los municipios. Tampoco se avanzará mucho si en los nuevos contratos de concesión no se establece claramente la capacidad de la revisión periódica de las necesidades del servicio y haya que seguir esperando más de diez años a que venza un contrato que sea inamovible.
Por lo tanto, si no hay capacidad de analizar la movilidad como un problema insular y se deja que cada institución siga tratando de resolver su problema interno sin coordinación y sin capacidad de aportar soluciones globales y se siguen proponiendo proyectos parciales que afecten por un lado a los peatones, por otro a los coches y su aparcamiento y finalmente, por otro, al transporte público, no hay esperanza de solución real.