Sin duda alguna la grave situación en la que se encuentran las decenas de familias afectadas por el estado de los apartamentos Don Pepe en el municipio de Sant Josep es un problema que debería contar con el máximo esfuerzo por parte de todos los que puedan verse directa o indirectamente implicados en las soluciones o alternativas viables.
Nuevamente el enfrentamiento político está por encima de todo, lo que en ningún caso permite augurar un final feliz a la situación. En esta semana ha tenido lugar un debate en el pleno del Parlament Balear a cuenta de una interpelación presentada por el Grupo Parlamentario Popular ante el posicionamiento que desde el Govern Balear se pueda estar adoptando en cuanto a la problemática planteada en torno a los citados apartamentos.
Del debate cabe resaltar dos detalles significativos. En primer lugar, que la diputada portavoz del PP como grupo interpelante pretenda a estas alturas escenificar ser el único partido que realmente se preocupa por las consecuencias de una orden de desalojo en base a la declaración de ruina del edificio en cuestión resulta tragicómico por definirlo de alguna manera. No debería olvidar la diputada conservadora que la situación en la que se encuentran los apartamentos Don Pepe no es consecuencia directa de las gestiones realizadas por un solo partido político, ya que se trata de unas edificaciones que llevan décadas construidas y que su partido a lo largo de las mismas ha estado gobernando también en todas las administraciones que a día de hoy se ven involucradas en el tema, sin que, por lo que se deduce, se hubiera llegado a hacer o proponer absolutamente nada al respecto.
Suena a sobreactuada su intervención en el debate parlamentario, eludiendo claramente la parte de responsabilidad que pueda tener su propio partido en todos los años al no haber hecho absolutamente nada al respecto desde la construcción de los polémicos edificios en la playa de es Codolar y habiendo estado al frente de los gobiernos del Ayuntamiento, del Consell y del Govern. Pretender obtener rédito electoral del drama de muchas familias, parece como mínimo poco ético.
Tampoco dice mucho a favor del Conseller de Mobilitat i Habitatge su desaparición del debate celebrado en la cámara autonómica a raíz de la interpelación antes citada. Realmente resulta sorprendente que, siendo la cuestión a debatir un tema sobre vivienda y siendo esta una de las dos áreas de su competencia directa, fuera la consellera de Presidencia la que interviniera en el debate en nombre del Govern.
Por si esta circunstancia no resulta lo suficientemente significativa, cabe recordar que el señor Marí, antes que conseller, fue alcalde precisamente del municipio en el que se ubican los Don Pepe y, por lo tanto, está implicado por partida doble en la cuestión que nos ocupa.
De nada sirve pretender dar la imagen de desentenderse del problema, ya que está claro que, tanto por las áreas que actualmente gestiona al frente de su Conselleria del Govern como por el cargo que ocupaba antes de su nombramiento como tal, tiene mucho que decir y mucho que trabajar sobre la cuestión por partida doble. Por lo tanto, estar de mero espectador cuando se está debatiendo algo que afecta de lleno a tu área de gestión, estoy seguro que tuvo que ponerle en una posición de clara incomodidad; tanto si lo de no intervenir fue idea suya como si fue una exigencia de su Presidenta. En cualquier caso, fue un clamoroso error. No hace falta señalar que en el segundo caso supondría un claro gesto de desconfianza en su capacidad de gestión al frente de la Conselleria que ocupa por parte de la presidenta.
Está claro que, por la gravedad del problema en cuestión, es esta una de las situaciones en las que deberían estar trabajando codo a codo los responsables de las tres administraciones implicadas: la local, la insular y la autonómica, independientemente del color político de quien gobierne en cada una de ellas, ya que resulta indudable que todos sin excepción se pueden considerar de alguna manera responsables de haber llegado a la situación que decenas de familias se ven obligadas a afrontar a escasos días de las fiestas navideñas.
Es este uno de los casos en el que los enfrentamientos y las decisiones unilaterales inflexibles poco o nada aportarán a la resolución del problema.