El Govern balear se está luciendo con la nueva Ley turística que finalmente será tramitada por decreto. Han vendido sus bondades en la pasarela FITUR e incluso en Barcelona pero nadie supo su contenido en Baleares hasta ayer. Se han vanagloriado de la buena voluntad de la misma sin explicar ni la letra grande ni la pequeña hasta que no les ha quedado más remedio.
Diálogo impuesto, ese es el oxímoron de Iago Negueruela y la presidenta. Esta Ley nace manchada por su nulo consenso, el oscurantismo y la nocturnidad con la que se ha tramitado. Es inasumible que se tramite por decreto una de las leyes más importantes para un archipiélago en el que el turismo representa más de un 40% de su PIB, pero todavía es más sangrante que ni siquiera el Consell d'Eivissa haya sido escuchado cuando tiene transferidas las competencias en ordenación y promoción turística. Este es el estilo de Armengol, quien primero dispara y luego pregunta; primero se hace la foto y después anuncia el contenido.
Sorprenden las formas, dado que no parece que ni la oposición ni el sector tengan demasiados inconvenientes sobre el fondo. Esta nueva Ley bloquea el número de plazas turísticas y fomenta el crecimiento de los establecimientos a cambio de reducir un 5% su número de plazas. En unas islas que ya no soportan la presión del turismo de masas no parece algo descabellado, pero ¿por qué hacerlo sin acuerdo y con una notable falta de transparencia y rigor?
El texto presenta una clara voluntad de avanzar «hacia el equilibrio y la sostenibilidad ambiental, social y económica», algo indiscutible. Es imperativo que Baleares reduzca su presión demográfica e incentive la calidad de su turismo, pero hacerlo sin diálogo es una estupidez impropia de un conseller al que se le presumía sensatez.