Homicidio por imprudencia profesional. Es el delito que imputa la Guardia Civil al médico de Formentera que meses atrás fue suspendido e inhabilitado para el ejercicio de sus facultades profesionales por negar la pandemia. Una suspensión por un periodo de seis años para el ejercicio médico que Ruiz Valdepeñas se saltó de forma temeraria, negligente, y que acabó de forma trágica el pasado 31 de enero. A la espera de lo que dictamine la Justicia, hay hechos, temeridades e irregularidades que parecen evidentes. La primera de ellas es que Ruiz Valdepeñas no debía estar allí aquel día porque no podía ejercer como médico ni atender partos ya que estaba suspendido. La suspensión comunicada por el Colegio Oficial de Médicos de Baleares ya debería ser condición suficiente para que el facultativo no andase por la isla trabajando sin control. Él mismo reconoció a este medio que asiste una decena de partos al año. Como mínimo, estamos ante un imprudente temerario.
Luego está el escenario reconstruido por los investigadores y que apuntaría a más de una irregularidad. La más grave es que entre su instrumental no llevaba los elementos básicos necesarios para reanimar a un neonato. Lo trágico e irreversible fue la muerte del bebé días después. Los partos en domicilios privados son una realidad y deberían estar sujetos a un mayor control. A pesar de los comentarios en redes sociales, a Ruiz Valdepeñas no se le investiga por negacionista de la pandemia. El delito de Ruiz Valdepeñas es haber seguido ejerciendo estando inhabilitado y, sobretodo y desgraciadamente, se le investiga por haber asistido un parto sin el instrumental necesario para reaccionar ante una posible complicación.