No creo equivocarme si digo que somos muchos los que seguro recordamos lo que inicialmente se dijo cuando se dio a conocer la noticia de la aparición de un peligroso virus en China. Podríamos decir que el comentario generalizado era que esos primeros contagios se estaban produciendo muy lejos de nuestro territorio y que difícilmente llegaría a nuestro país. El resultado es por todos conocido: una tremenda pandemia mundial.
He querido recordar esta circunstancia para que quede claro que por el hecho de que determinadas cosas sucedan lejos de nuestras fronteras ello no evitará que acaben llegando. Otro virus lleva algunos años expandiéndose con paso más firme del que a muchos nos gustaría: se trata del fenómeno de la extrema derecha. En algunos países europeos ya gobiernan y en otros ya han pisado moqueta formando parte de sus ejecutivos.
Desde que se recuperó la democracia en nuestro país parecíamos un oasis en mitad del desierto ya que los grupos de extrema derecha no tenían representación en ninguna institución y estaban relegados a un absoluto ostracismo. Pero en los últimos años hemos visto cómo este escenario ha ido cambiando y a día de hoy un partido homófobo, xenófobo, machista y franquista es el tercer grupo político en nuestro Congreso por su número de diputados.
Las últimas elecciones presidenciales en Francia han supuesto un importante auge de la extrema derecha de Marine Le Pen ya que es la segunda fuerza política del país galo. Eso hace que nuestros vecinos sean el ejemplo a seguir por parte de Vox. Ahora bien, hay algo que la extrema derecha en España no está sufriendo y que sí sufren estos partidos en buena parte de los países de la Europa occidental y es el cordón sanitario que se les aplica por parte del resto de fuerzas políticas. Contrariamente en España, el principal partido de la derecha (PP) se ha asociado con Vox para formar un gobierno autonómico y lo seguirá haciendo tantas veces como lo necesite para alcanzar el poder. Ha resultado incluso obsceno ver como el «nuevo» PP de Feijóo pretende postularse como el partido de Macron en nuestro país. Si Feijóo se pareciera a Macron, lo primero que habría hecho hubiera sido oponerse radicalmente al nuevo gobierno de Castilla y León y jamás se habría asociado con la extrema derecha para gobernar.
Otra cuestión a resaltar, es lo ocurrido el pasado jueves en nuestro Congreso de Diputados, en la votación de la convalidación de un paquete de medidas económicas para paliar los efectos adversos provocados por la guerra en Ucrania y donde han coincidido en el voto en contra del mismo partidos tan alejados ideológicamente como son ERC y el PP. Ambos partidos defienden idearios antagónicos. Sin embargo coinciden en que ambos votan solo en la defensa de sus más espurios intereses de partido y en contra incluso de los intereses de sus propios votantes.
Ninguno de los dos quiso entender que lo que se votaba era un paquete de medidas que favorecían de alguna manera a todos lo ciudadanos de este país, que la propuesta no iba en contra de la política independentista de unos, ni de la política fiscal de rebajas de los otros. Bien podrían haber seguido luchando por sus propios y particulares intereses a pesar de que hubieran votado a favor o abstenerse en la votación de las medidas concretas que ya están suponiendo un impacto social claro y evidente y empezando a ofrecer algo de desahogo a la mayoría de familias.
Con toda seguridad, son muchos los votantes del PP y de ERC que han sufrido las consecuencias de la pandemia primero y de la guerra en Ucrania después; exactamente igual que los votantes del resto de formaciones políticas. Del mismo modo, blanquear la imagen de Vox con el único objetivo de alcanzar o mantener el poder solo sirve para torpedear la base de nuestra democracia, esa democracia que Vox ahora utiliza a conveniencia y que está deseando borrar de nuestras vidas.
Ambas situaciones, como son potenciar a la extrema derecha y sus decadentes propuestas y confundir una rebaja del precio de la gasolina o de la luz con el hipotético espionaje a lideres independentistas, no hacen más que confirmar la incapacidad de algunos para alcanzar compromisos y acuerdos de estado, que favorecen a todos sin distinción.