Al fin se la levantado, aunque parcialmente, el secreto de las diligencias que instruye el juzgado de Instrucción nº 3 de Palma, en lo relativo a la pieza separada que investiga el procedimiento de competencia de proyectos para la explotación de las instalaciones del puerto de Ibiza que durante años ha gestionado el Club Náutico de Ibiza (CNI).
Ha transcurrido un año y diez meses desde la detención del entonces presidente de la Autoridad Portuaria de Balears (APB), Joan Gual de Torrella; junto al entonces director de la APB, Juan Carlos Plaza; el jefe del área de gestión, Fernando Berenguer; y el jefe de explotación, Armando Parada.
Casi dos años desde el registro de las dependencias de la APB en Ibiza y las oficinas del CNI. Tras este excesivo periodo de tiempo, la magistrada-jueza Martina Mora ha acordado el levantamiento del secreto de las actuaciones, su traslado a las partes y la citación en calidad de investigados del presidente del CNI, Juan Marí Marí; del vocal de la casi centenaria entidad, el abogado José María Costa (exconseller de Interior en el Govern socialista presidido por Francesc Antich de 1999 a 2003, diputado en el Parlament de 1989 a 1991 y de 2007 a 2011, además de hermano de la expresidenta del Consell Insular d'Eivissa y Formentera y actual portavoz parlamentaria del Grupo Socialista en el Parlament, Pilar Costa.
Se recordará que Pilar Costa fue cesada por sorpresa del cargo de consellera de Presidència, Cultura i Igualtat y portavoz del Govern balear en febrero del año pasado, para regresar al Parlament. Este movimiento fue interpretado por algunos analistas como una forma de alejar el peligro del Consolat de Mar, en el hipotético caso que el hermano de Pilar Costa acabase siendo imputado en este presunto caso de corrupción, como así ha acabado sucediendo.
La jueza Martina Mora indica que la adjudicación del concurso a favor del CNI «no fue el resultado de la aplicación de los principios de transparencia, concurrencia, objetividad y legalidad (…), sino que se trató de una decisión arbitraria, injusta y apartada de la legalidad». Y que «concurren indicios de concierto previo» entre los máximos dirigentes de la APB Joan Gual de Torrella y Juan Carlos Plaza, «con el respaldo imprescindible y concertado de la asesora jurídica del Consejo de Administración de la APB, la investigada Dolores Ripoll y los responsables del Club Náutico de Ibiza (además de otros miembros del Consejo de Administración y autoridades políticas) para que fuera este club y no otro quien siguiera explotando la dársena de la autoriddad portuaria que el CNI lleva ocupando desde junio del año 1927».
La jueza cree que los investigados llevaron a cabo «una serie de actuaciones encaminadas a favorecer a determinadas entidades privadas que se presentaron a procedimientos de contratación pública en perjuicio de los intereses generales», para favorecer al CNI.
Según Martina Mora, hay indicios de que Juan Carlos Plaza «supervisó previamente el proyecto que presentó el CNI para solicitar el inicio del procedimiento». El presidente del CNI, Juan Marí, solicitó formalmente la competencia de proyectos, que no concurso, a lo que la APB se avino. Se presentaron otras dos entidades, además del CNI (Club Deportivo Básico Doce Millas y Portocolom Náutic SL), «lo que impedía a la APB una aprobación directa del proyecto presentado por el CNI».
Así, Gual de Torrella, Plaza y Ripoll ordenaron confeccionar unos criterios de valoración posteriores a la presentación de los proyectos, «con el ánimo de garantizar la adjudicación a favor del CNI».
«Estos nuevos criterios incluían, como elemento de peso determinante, el arraigo, requisito que sólo podía cumplir el CNI que llevaba 40 años explotando dicha concesión. Además, para priorizar los aspectos que sabían que favorecían al CNI, invertían de forma decisiva el orden de importancia de los criterios que contenía el anuncio inicial del concurso».
La magistrada investiga «si estos criterios constituyeron un mero traje a medida del CNI para dar apariencia de legalidad a una adjudicación decidida de antemano», sospecha que extiende a Puertos del Estado y a su participación en la confección de esos criterios.
El Club Doce Millas recurrió los criterios de valoración y la Sala de lo Contencioso-administrativo del TSJIB estimó el recurso, llegando a decir que era «una adjudicación directa encubierta», ya que sólo el CNI cumplía dicho requisito.
La jueza cree que los investigados, en lugar de cumplir la sentencia, llevaron al Consejo de Administración de la APB del 25 de abril de 2018 una nueva adjudicación eliminando el criterio del arraigo, porque «la mera eliminación del párrafo seguía permitiendo adjudicar al CNI».
En mayo de 2020 el TSJIB declaró la nulidad de esta segunda adjudicación a favor del CNI, condenando en costas a la APB por apreciar temeridad en su actuación.
Persistencia en el amaño
«De las conversaciones intervenidas se desprenden indicios claros de la participación de todos ellos en un objetivo común que sigue siendo mantener al CNI en la adjudicación. Se busca para ello cualquier instrumento que no sea la convocatoria de un concurso, lo cual es indiciario de la falta de voluntad de transparencia y concurrencia y de ánimo de buscar cobertura aparente a una decisión tomada previamente», dice la jueza en su auto de levantamiento del secreto de las actuaciones.
También se investiga si otros miembros del Consejo de Administración, «participaron conscientemente del concierto previo al votar a favor». En estas circunstancias podría estar el alcalde de Ibiza, Rafa Ruiz (PSOE) y el entonces conseller de Movilidad y Vivienda del Govern, Marc Pons, quien en la misma fecha que Pilar Costa, fue cesaro para enviarlo a Madrid como jefe de gabinete de la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera. «Constan indicios de dichas negociaciones y de la aceptación de las mismas por parte de Javier Enríquez», según la jueza.
Y también se investiga si se inició una negociación con los responsables del Club Deportivo Doce Millas para alcanzar un acuerdo para que cesaran en sus impugnaciones a cambio de dinero
¿Qué movió a los investigados a, presuntamente, actuar como actuaron? La vertiente política de este asunto es ya innegable, pues no cabe duda de que tanto el Parlament como el Consell d'Eivissa, se pronunciaron a favor. Y lo que no es menos importante, las palabras de la presidenta del Govern de les Illes Balears, Francina Armengol, en febrero de 2016, durante la celebración del 90º aniversario del CNI: «como presidenta de las Islas Baleares yo me dejaré la piel para que cada año podamos asistir al aniversario de este club náutico y que hagamos al menos 90 años más».
Hubo presiones políticas para que, tanto la concesión a Marina Asmen como la concesión del Puerto de Ibiza, quedaran en manos concretas, conocidas, locales y no foráneas. Si de esas presiones se derivaron actuaciones delictivas es lo que debe investigar la Justicia en lo que ya es el primer y más importante caso de corrupción política que afecta al PSOE y al Govern Armengol.