En todo el sumario del caso Puertos, relativo al Club Náutico de Ibiza (CNI), trasciende una idea que impregna toda la actuación de los investigadores y, por supuesto, la propia instrucción: que todo lo que hizo la Autoridad Portuaria de Balears (APB) lo fue «en perjuicio de los intereses generales» y que todo estuvo amañado para que el CNI continuase gestionando la dársena del puerto de Ibiza como lo ha estado haciendo desde 1927.
La jueza instructora, Martina Mora, y los agentes de la Policía Judicial de la Guardia Civil parten de una falacia gigantesca que vicia desde el inicio su visión de la investigación. La premisa errónea que sustenta su trabajo es de tal magnitud que por fuerza les impide apreciar adecuadamente la realidad de los hechos.
Es justamente al contrario de lo que ellos creen. Los intereses generales exigían que el CNI siguiese en el mismo lugar, haciendo lo que ha hecho siempre. Y lo que hubiese sido gravemente perjudicial para los intereses generales es que hubiese sido sustituido por un falso club deportivo, sin ningún bagaje ni historia deportiva, creado por ‘buitres foráneos' de quienes se sospecha que no tenían ningún interés en gestionar las instalaciones y servicios del puerto de Ibiza, y que lo que realmente querían era dinero para permitir que el CNI lo continuase haciendo.
Pero no adelantemos acontecimientos, que todo eso habrá de esclarecerse a lo largo de la investigación que, como es evidente, se halla en un estadio muy inicial y donde hasta ahora, los imputados no han sido escuchados sino en sus conversaciones telefónicas, sus whatsapp y sus e-mails, sin que hayan podido dar su versión ni defenderse de las graves acusaciones que sobre ellos hace el Grupo Anticorrupción de la Guardia Civil.
Buscar ilegalidades
Los sabuesos que rastrean en busca de cualquier prueba o indicio de delito, creen haber hallado la explicación a todo el embrollo con los abundantes testimonios que confirmarían que los políticos, los dirigentes de la APB y los representantes del CNI estaban conchabados para que esta entidad ganase la concurrencia de proyectos.
Es de general conocimiento que todo el mundo quería que esto fuera así, pero no por capricho, sino porque se parte del convencimiento de que es lo mejor para la sociedad ibicenca. Y de ahí que se buscasen las fórmulas legales para hacer realidad una voluntad política y social.
¿Significa eso que se haya cometido algún delito? En absoluto. De hecho, el arma más poderosa que los investigados tienen para defenderse son los informes de la asesora jurídica del Consejo de Administración de la APB, Dolores Ripoll. Ya se encargará ella de defender la legalidad de todas y cada una de sus actuaciones, que sirvieron de base para cada actuación de la APB, de su presidente, Juan Gual de Torrella, su director, Juan Carlos Plaza, y el resto de funcionarios públicos y autoridades investigadas.
De ahí que casi toda la munición gastada por los investigadores esté dirigida contra la aún directora de la Abogacía del Estado, a quien se acusa de graves delitos pero el Gobierno mantiene en su puesto y a quien el Ministerio de Justicia defiende legalmente. Será interesante conocer la opinión y actuaciones del Ministerio Fiscal, porque desde la presentación de la querella que dio inicio a la causa, derivada de una denuncia, su papel en los interrogatorios que hasta ahora han tenido lugar ha sido de mero espectador.
Nuevo concurso
Pero esta semana hemos sabido que se ha convocado un nuevo concurso para la gestión de la dársena del puerto de Ibiza donde se prioriza el papel social y la promoción del deporte, por encima de la generación de beneficios económicos. Esperemos que la jueza Martina Mora y los guardias del Grupo Anticorrupción no vean aquí otra maniobra para que gane el CNI, sino sencillamente la voluntad política de que gane aquel que más conviene al interés general.