Del mismo modo que el desalojo de los apartamentos Don Pepe constituía, y así lo dejé escrito en varias ocasiones, un fracaso colectivo de todas las administraciones implicadas, la firma del protocolo de actuación que tuvo lugar ayer con representantes del Govern balear (con la presidenta Francina Armengol al frente), el Consell d'Eivissa, el Ajuntament de Sant Josep y representantes de los vecinos afectados por el desalojo, constituye una prueba de que, si hay voluntad política y buena voluntad, los obstáculos se pueden salvar. Ha sido tarde, como de costumbre, porque las cosas de palacio van despacio, y hay que reconocer que el asunto no era fácil de resolver, pero finalmente ha sido posible que los políticos entendiesen que su misión fundamental es solucionar los problemas y no crearlos.
Ahora se abre un periodo donde deberán edificarse unas 100 viviendas para los vecinos desalojados de los apartamentos Don Pepe y paralelamente se habrá de demoler el edificio declarado en ruina. Como acertadamente apuntó la presidenta Armengol, con el acuerdo ganan todos, tanto los vecinos que tendrán una vivienda nueva dentro de un tiempo prudencial, que no será breve, como también el conjunto de la ciudadanía y el propio Parc Natural de Ses Salines, que se verá libre de aquel mamotreto que jamás debió edificarse, como tantos y tantos inmuebles que atestan el litoral ibicenco.
Bien está lo que bien acaba y parece que la agonía de los propietarios de los Don Pepe toca a su fin.