Ocasionalmente puede ocurrir que organizaciones que, en teoría, las podríamos colocar política y socialmente en extremos radicalmente opuestos acaban coincidiendo en determinadas declaraciones. Y da la sensación de que eso es lo que ha ocurrido esta última semana. Me refiero en concreto a las declaraciones que han realizado un portavoz del sector hotelero en Mallorca y el del GEN-GOB en Ibiza. En ambos casos han saltado a la palestra para demonizar proyectos de construcción de viviendas de VPO en ambas islas.
Resulta curioso que quien se queja por la aprobación de medidas que van encaminadas a establecer algún sistema de control y restricción si es preciso del crecimiento desbocado de plazas turísticas y quien afirma que no se está haciendo ni lo suficiente ni lo necesario en ese aspecto hayan coincidido en sus feroces críticas a dos proyectos de construcción de viviendas de protección oficial. Los hoteleros en Palma protestan por la reconversión del uso de un solar que en principio estaba destinado a zona de aparcamiento de vehículos y que ha pasado a dar cabida a un proyecto de viviendas VPO. El GEN-GOB en Ibiza, por su parte, ha solicitado la inmediata retirada del proyecto de urbanización de Ca n'Escandell que permitirá la construcción de más de 500 pisos de protección oficial, es decir, el mayor proyecto de este tipo de viviendas que se haya previsto hasta la fecha en nuestra isla.
El portavoz de los hoteleros en Mallorca no acepta que un sector turístico desbordado y descontrolado sea la causa de numerosos problemas en nuestras islas y achaca todos esos problemas a la falta de espacios donde aparcar los vehículos privados y de alquiler. Está claro que no hay más ciego que el que no quiere ver.
En lo que concierne a las declaraciones del GEN-GOB en Ibiza también resultan un tanto rocambolescas ya que afirman que la construcción de 500 viviendas de protección oficial en la isla resultan una «aberración contraria al interés general y al ambiente natural» y que la ejecución del citado proyecto contribuirá a lo «que nos está llevando al colapso y destruyendo la calidad de vida en el planeta».
Sin duda, tales afirmaciones contienen un intencionado altísimo grado de dramatismo y se sitúan tan al extremo que acaban dando la mano al sector hotelero de Mallorca. Afirman con rotundidad que llevar adelante este proyecto supondrá un aumento de la población de 1.300 personas en el municipio, si bien se les olvida y nada dicen de que en nuestra isla en 2019 ya eran algo más de 2.000 las solicitudes de viviendas VPO. Tampoco aciertan al decir que esos nuevos pisos de protección se edificaran sobre suelo rústico ya que hace muchos años que la tipología de suelo de esa zona de Ca n'Escandell dejo de ser rústica (UA-12).
No parece tan difícil darse cuenta de que, sin duda, hay muchas formas de luchar contra la masificación urbanística indiscriminada y contra los indudables excesos en el sector turístico, pero que oponerse a un proyecto de viviendas VPO no parece el camino más apropiado. ¿Acaso ha olvidado el GEN que el problema seguramente más grave que afecta a Ibiza y Formentera en la actualidad es la dificultad a la que se enfrentan residentes y trabajadores de temporada a la hora de encontrar una vivienda digna a un precio asequible?
Claro que hay que exigir a las administraciones con competencias en la problemática que utilicen el derecho de tanteo en la compra de viviendas. Claro que hay perseguir y acabar con el alquiler de viviendas vacacionales ilegales. Claro que hay que aplicar políticas fiscales específicas a las viviendas vacías, pero todo ello no ha de suponer que el stock de viviendas públicas en nuestras islas no se pueda incrementar claramente ya que está comprobado que son más que necesarias.
Ni los excesos turísticos a costa de nuestro territorio buscando un enriquecimiento empresarial rápido y sin límites, ni la oposición extremista a todo lo que suene a nuevo proyecto constructivo parecen el mejor camino para conseguir el necesario equilibrio entre la protección del territorio y del ecosistema de nuestras islas y la conservación de nuestra principal y casi única fuente de ingresos, que es el turismo.