Esta semana se ha conocido la sentencia del Tribunal Supremo, en relación a la conocida como trama de los ERE fraudulentos de Andalucía.
El Supremo confirma la condena a seis años de cárcel para el expresidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, como autor de un delito de prevaricación y otro de malversación. Y también confirma la condena de nueve años de inhabilitación para el también expresidente Manuel Chaves, por un delito de prevaricación.
Indulto
Inmediatamente ha surgido un clamor entre las filas socialistas para que el Gobierno conceda un indulto que evite el ingreso en prisión de Griñán. Destacadas personalidades del PSOE defienden que se indulte a sus compañeros ya que, sostienen, ni Chaves ni Griñán se lucraron. «No hubo enriquecimiento personal, tampoco hubo financiación de partidos políticos y lo que sí hubo fueron dimisiones hace más de un lustro asumiendo sus responsabilidades políticas», manifestó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya en el mes de julio, cuando se conoció el fallo.
Prevaricación
Con el argumento de los socialistas, sus compañeros merecen ser indultados porque no se lucraron. Dado que, según dicen, ni Chaves ni Griñán se llevaron para sí, ni para el partido, ni un céntimo de dinero público, –por más que este último ha sido condenado por malversación–, su honestidad sigue incólume y fuera de toda duda. A fin de cuentas, el delito de prevaricación es algo de relativa gravedad, que, además, no está penado con cárcel.
Consell d'Eivissa
Contrasta ese razonamiento con la postura de PSOE de Ibiza que, con la simple interposición de una querella por parte de la Fiscalía Anticorrupción, por una presunta prevaricación que pudiera haber cometido –o no– el presidente del Consell d'Eivissa, Vicent Marí, ya es acusado de corrupción.
Resulta más que suficiente la presentación de una querella para considerar a Vicent Marí un corrupto por haber adjudicado por la vía de urgencia y sin concurso público, la realización del vídeo promocional ‘La vida islados', durante la pandemia por la Covid-19.
En este caso, cuando todavía el juez ni siquiera ha citado al presidente del Consell d'Eivissa para recibirle declaración en calidad de investigado, los socialistas –y también Podem Eivissa–, hablan abiertamente de corrupción, en un ejercicio de sobreactuación que conlleva un evidente desprecio por la presunción de inocencia que garantiza nuestra Constitución.
Dimisión
Podemos reclama la dimisión de Vicent Marí. Algo prematuramente. Sobre todo, teniendo en cuenta que en el caso de la exconcejala podemita del Ajuntament de Palma, Aurora Jhardi, condenada por prevaricar, la defienden a capa y espada, y la invitan a leer pregones allí donde gobiernan.
Si la izquierda resta importancia a la prevaricación cuando son ellos los condenados, no pretendan hacer creer ahora que estamos ante un asunto grave, cuando ni siquiera se ha iniciado la instrucción judicial. No corran tanto, porque se diría que se agarran a un vídeo ardiendo de cara a las próximas elecciones. Y es dudoso que para entonces Marí haya sido juzgado.
La querella de la Fiscalía no les servirá para nada más que para seguir hablando falsamente de corrupción, cuando ellos saben bien que en este asunto no ha habido ni indicios de «enriquecimiento personal», ni tampoco «financiación de partidos políticos». Como Chaves y Griñán, pero sin juicio ni sentencia de por medio.