Sin duda alguna la solidaridad resulta ser una herramienta realmente útil a la hora de resolver determinadas situaciones que puedan considerarse como críticas; además en algunos casos más que útil, acaba siendo absolutamente necesaria y sin ella seguro que habría mucho más sufrimiento del que ya existe. Dicho esto, no podemos olvidar que también suele existir quien sin el menor reparo, suele utilizar esa solidaridad en beneficio propio (olvidándose del interés colectivo) y pretende con ello obtener algún tipo de rendimiento en particular y para si mismo.
Pues bien dicho esto, quiero referirme al reciente anuncio del Presidente de Andalucía en materia fiscal. Efectivamente y dentro del abanico de competencias transferidas por el Estado a las Comunidades Autónomas está decidir sobre determinados aspectos de la política fiscal, el citado Presidente ha decidido suprimir de facto el impuesto de patrimonio en su Comunidad, pasando con ello a ser la segunda Comunidad Autónoma, junto con Madrid, que toma tal decisión. Como he dicho antes, se trata de una decisión que legalmente puede tomar, pero que choca con determinadas cuestiones de política fiscal que también afectan a otros territorios del resto del Estado.
El actual sistema de financiación autonómica establece un formula de compensación ínter territorial que popularmente se conoce como Fondo de Solidaridad, que se viene nutriendo de las aportaciones realizadas cada año por determinadas CCAA. Este Fondo pretende ser la herramienta de equilibrio en cuanto a las aportaciones presupuestarias que desde el Ministerio de Hacienda se destinan a los diferentes territorios.
El debate sobre la necesidad de modificar este actual sistema de financiación, está sobre la mesa. Son numerosas las modificaciones que desde mi punto de vista son necesarias y sin duda entre estas tiene que estar el actual sistema de equilibrio y compensación denominado Fondo de Solidaridad. A día de hoy solo hay tres Comunidades que realicen aportación neta al citado Fondo y son Madrid, Cataluña y Baleares; otras dos Euskadi y Navarra no participan de este sistema, puesto que tienen su propio sistema fiscal o concierto económico; las doce restante son las receptoras de esos millones que aportan las únicas tres que lo hacen.
De las doce que son receptoras, la que mas dinero ingresa y con diferencia, viene siendo Andalucía, regada con miles de millones de euros. Se supone que ese dinero procedente del Fondo de Solidaridad ha de servir para equilibrar la capacidad de inversión en determinados servicios de aquellos territorios con menor capacidad de recaudación. Y es por ello que la propuesta anunciada por el Presidente de Andalucía resulta en cierto modo insultante, ya que siendo la más favorecida por esos fondos solidarios aportados, en detrimento propio, por tres CCAA; se permite el lujo de renunciar a unos 100 millones de euros anuales que hasta ahora tenían que pagar solo los más ricos de la Comunidad.
No se puede renunciar al cobro de esa cantidad de millones en tu propio territorio y luego reclamar compensaciones por otro lado por tener menos ingresos que otras Comunidades. Si no me equivoco la última aportación de Baleares al Fondo de Solidaridad supera los 300 millones de euros, cantidad que se aportará a otros territorios, entre ellos Andalucía, para invertir en sus servicios. Entre tanto en nuestras islas y siendo de los más efectivos en recaudación fiscal, tenemos que ver como no hay suficiente presupuesto para contratar todo el personal que se necesita en áreas como educación o sanidad.
Este es uno de los temas que hacen que la reforma del sistema de financiación autonómico, más que necesario sea ya urgente. No se puede seguir aceptando que nuestras islas sean de los que más aportan y por el contrario estén muy lejos de los que más reciben. El actual sistema fomenta actitudes como la del Presidente andaluz, que renuncia a recaudar en su propio territorio, pero reclama aportaciones compensatorias de otros que tienen una política fiscal más estricta.
En ningún caso se trata de acabar con la solidaridad entre los diversos territorios, se trata de que esta solidaridad se aplique con criterios de lógica y justicia. Sin duda hay que afrontar ya una reforma del sistema de financiación y poner sobre la mesa de una vez por todas el principio de ordinalidad. Los que más recaudan no pueden ser de los que menos reciben.