Los medios de comunicación recogen estos días informaciones sobre la paralización que sufren muchas obras públicas como consecuencia de las renuncias a ejecutar muchos proyectos que han hecho constructores licitadores. Eso es, en parte, una consecuencia del encarecimiento de las materias primas que empezó a aflorar durante la etapa crítica del covid.
El cierre o ralentización de las rutas internacionales de transporte marítimo empezó a provocar la subida de precios en los materiales de construcción así como de recambios y componentes fundamentales para la industria. Pero esa escalada se vio, posteriormente agravada con el encarecimiento de los combustibles así como por la radical subida del coste de la energía. Todo ese suma y sigue se va agravando, aún más si cabe, con el efecto ya generalizado de la inflación.
Pues bien, a resultas de todas esas incidencias en los mercados nacional e internacionales tenenemos el panorama actual donde muchos proyectos de promoción pública, algunos de ellos muy necesarios, han quedado abortados o pospuestos. Hasta 57 licitaciones de contratos públicos, contabiliza la asociación de constructores de Mallorca, han quedado desiertas, con lo que se han dejado de invertir algo más de 58 millones de euros.
Ese mismo efecto afecta también al resto del territorios de Baleares. En Menorca se calcula que han quedado sin licitar 10 proyectos cuyo presupuesto conjuntamente ascendía a 5,3 millones de euros. En Eivissa, otro tanto.
La realidad de los concursos públicos revela una pérdida de inversion, una resta de oportunidades de empleo y en definitiva un frenazo a la rentabilidad social que aportan las iniciativas de promoción pública.
Infraestructuras viarias y para el transporte colectivo, redes de alcantarillado, asfaltado de calles, equipamientos educativos, viviendas de protección oficial o aparcamientos públicos son algunas de las licitaciones infructuosas que han vuelto a situarse en la casilla de salida.
No estamos solo ante un retraso en los plazos de ejecución, sino que en algunos casos, hay que valorar el riesgo de que estas inversiones se pierdan para siempre porque dependían de planes y plazos fijados por fuentes de financiación externa. Fondos Next Generation, sin ir más lejos, podrían quedar vacantes por falta de gestión y diligencia de nuestra administración.
Nadie puede objetar ahora que lo que ha ocurrido se trata de una sorpresa, de algo inesperado. La tendencia se veía venir, los pronósticos estaban hechos y el Govern balear hizo caso omiso de todas las advertencias.
Sin ir más lejos, hace un año (24 de septiembre de 2021) desde el Grupo Popular en el Parlament presentamos una proposición no de ley en la que proponíamos una batería de medidas para evitar lo que ahora estamos lamentando.
Solicitábamos entonces, desde nuestro escaño popular, que el Govern balear considerara la revisión del precio de materiales y los revisara al alza para adecuarlos a la realidad del mercado para los contratos ya adjudicados. Los sobrecostes acumulados respecto de aquella fecha se elevan ya a un 30 por ciento por encima de lo que se calcularon. Como es lógico, las empresas no participan en concursos donde en lugar de ganancias puedan tener márgenes mínimos de rentabilidad o incluso pérdidas como consecuencia del encarecimiento desorbitado en el precio de los materiales, los combustibles, los consumos energéticos y la consabida situación de desventaja por la insularidad, cuando no la doble insularidad.
Hace un año, exactamente, las empresas de suministro de materiales ni siquiera garantizaban poder mantener un presupuesto más allá de siete días, porque se veían también afectadas por una fluctuación constante y siempre al alza. Teniendo en cuenta que el gasto en materiales supone casi un 20 por ciento del presupuesto de las obras, es normal que los constructores se sintieran alarmados y así lo trasladamos al Parlament.
Nos parecía una buena idea solicitar que el Govern eliminara posibles penalizaciones contra los empresarios que no pudieran cumplir con un contrato ya adjudicado como consecuencia del encarecimiento. Nos parecía oportuna recalcular los precios y constituir para ello una comisión mixta en la que tuvieran voz la empresa y los colegios profesionales. Habría sido del todo adecuado crear también un órgano mixto público-privado, desde el que dirimir posibles controversias desde un plano objetivo. Era necesario llevar a cabo una revisión pormenorizada de los precios de mercado y de los costes de producción para establecer una condiciones realistas y proporcionadas.
Así lo propusimos para «evitar situaciones abusivas» o, literalmente, «que hagan inviable económicamente la ejecución de los proyectos». El bloque de izquierdas que da apoyo al Govern sólo aceptó reconocer que se estaba produciendo un incremento en los precios y que las empresas constructoras y auxiliares se verían gravemente perjudicadas por este hecho, y en consecuencia sus trabajadores y familias.
En la anterior crisis muchas pequeñas y medianas empresas de construcción fueron a la quiebra y sus trabajadores al paro por el impago o enormes retrasos de la Administración, que no tenia dinero en sus cuentas para pagar. Ahora puede pasar lo mismo, con la diferencia de que debido a las normas de estabilidad presupuestaria, si que cuentan con liquidez para hacer frente a la subida de costes, pero carecen se sensibilidad e inteligencia para comprender sus consecuencias. Sin más.
Es obvio que en el Parlament se habla mucho pero se escucha y se atiende poco.