Por qué lo llamarán escudo social cuando tiene toda la apariencia de que Pedro Sánchez y Francina Armengol intentan levantar un escudo electoral. Los presupuestos generales del Estado, el anuncio de la presidenta de Baleares de un plan de reparto de 200 millones de euros, la decisión del Govern de gastar más que nunca el próximo ejercicio, casi 6.000 millones de euros, sin olvidar las medidas fiscales que esperaban en el articulado del Régimen Especial de Baleares desde 2019, hitos del camino hacia unas administraciones asistenciales y una economía subsidiada.
En un escenario inflacionario como el actual las administraciones han visto incrementada su recaudación de manera excepcional, un superávit que tanto el gobierno de Sánchez como el de Armengol van a repartir en forma de subvenciones a distintos colectivos y por diferentes conceptos. Otra forma de encarar la cuestión sería destinar ese dinero «caído del cielo» – así han calificado los beneficios de las eléctricas y las empresas petroleras derivados de los incrementos de precios – a una reducción notable de las cargas impositivas de los ciudadanos y a sanear las cuentas públicas mediante la reducción drástica del gasto superfluo. Cada vez que la portavoz del Ejecutivo nacional, Isabel Rodríguez, insiste en que gobiernan para las «futuras generaciones», no hace falta preguntarse, parafraseando a Josep Pla, quién pagará tanto dispendio; lo harán esas futuras generaciones para las que dicen gobernar, en este caso sinónimo de gastar.
Aparte, el hecho de que presupuestos expansivos de récord, tanto los del Estado como los de Baleares, en plena ola inflacionista, van a suponer echar más leña al fuego. Durante el debate de política general, en el Parlament, Francina Armengol ha alabado sin rubor su iniciativa de destinar 200 millones de euros a subsidios para parados y fijos discontinuos, ayudas al pago de las hipotecas, avales para la compra de una primera vivienda para jóvenes, bonificaciones del transporte público y, cómo no, el tren hacia el Llevant de Mallorca, entre otras medidas. Del tranvía al aeropuerto ya se encargó Pedro Sánchez durante su visita por sorpresa (de forma que no haya lugar a silbidos y abucheos) a una empresa de Marratxí, durante la que se refirió a las medidas fiscales del Régimen Especial. Han sido curiosas las reacciones a la solemne declaración presidencial por parte de alguna organización empresarial y de los partidos de la oposición, que han apostillado su satisfacción por las medidas para compensar la insularidad con un «si es cierto» o «si esta vez va en serio» como expresión de la desconfianza sobre la muy deficiente relación de Pedro Sánchez con la verdad. En cualquier caso, sostienen quienes saben que los 200 millones de Armengol apenas serán perceptibles en la economía real, dado que la pérdida de poder adquisitivo en Baleares se sitúa por encima de los 500 millones de euros.
Y mientras los más significados dirigentes territoriales del PSOE al menos aparentan distanciarse de Pedro Sánchez por temor al voto de castigo que pueda generar el presidente en las elecciones de mayo próximo, la secretaria general de los socialistas de Baleares renueva sus votos sanchistas, quizá confiando, como el mismo Sánchez, que el dinero todo lo arregla.