Ha sucedido en un ayuntamiento mallorquín. Un arquitecto acude a las oficinas municipales para interesarse por la tramitación de una licencia de obras que acumula un retraso de tres años. El funcionario, tras consultar su ordenador, le espeta que está pendiente de pago la solicitud de la licencia, a lo que el consultante niega la mayor mostrando el documento que acredita el desembolso pertinente, guardado en su teléfono móvil. Aquí figura que no están pagadas, responde el funcionario, dirigiendo al profesional al departamento de Contabilidad para que emita el correspondiente certificado y entonces regrese a su ventanilla. El arquitecto no sale de su asombro y no encuentra respuesta al hecho de que los ordenadores no estén conectados, funcionando cada departamento como ínsula independiente.
No es un caso único, ni aislado. En Palma las tramitaciones urbanísticas se prolongan en el tiempo para desespero de promotores e inversores. Aquellos consistorios que cuentan con la figura institucional del Defensor del Ciudadano, como ocurre en Palma, deberían cambiar el nombre y apropiarse de la denominación del ámbito sanitario, Defensor del Paciente, porque para relacionarse con la administración hay que tener mucha, mucha paciencia.
Variación sobre el mismo tema: un vecino se persona en un negociado de la Administración Periférica para un sencillo trámite. En la sala hay cuatro personas frente a sus ordenadores y, para su alegría, nadie esperando. Al exponer su petición, el funcionario al que se ha dirigido le demanda su cita previa. El vecino aduce que dada la simplicidad de su trámite no lo había tenido en cuenta y dado que no hay nadie… Sin cita previa no puede ser atendido y se le facilita un teléfono para solicitarla. Sin salir de la dependencia llama a ese número. Le contesta el mismo funcionario que tiene enfrente y le da una cita. Para una semana más tarde. El vecino se marchó del lugar sin poder resolver su trámite.
Si estos casos pueden resultar anecdóticos, no lo son tanto deudas de miles de euros, e incluso embargos, por multas mal notificadas en Palma (sí, por las carencias de la empresa contratada al efecto, pero la responsabilidad es del ayuntamiento de Palma), o la queja de las instituciones europeas y de sectores empresariales por el hecho de que los fondos europeos no estén llegando a sus destinatarios a causa de «la pura impericia burocrática de un ejecutivo de aficionados» (Luis Ventoso en El Debate). Eso sí, las ideas de modernización de la administración, servicio al ciudadano, etc., se escucharán de nuevo en las próximas campañas electorales.
Los peores vicios de la administración se han trasladado a las empresas privadas suministradoras de energía, telefónicas, compañías aéreas y a los bancos que siguen, por ejemplo, sin incorporar mecanismos de atención a las personas mayores, a pesar de los miles de firmas recogidas en ese sentido y a pesar del compromiso del mismísimo Gobierno de Pedro Sánchez.
La filósofa Ayn Rand (1905-1982) reflexionaba sobre el hecho de que cuanto más avanzado sea el nivel de estatismo de un país, más amplios serán los poderes arbitrarios esgrimidos por el burócrata. Y hoy no hay político con poder que no pretenda escudar su ineficiencia administrativa en la falta de funcionarios.