La exhumación de Queipo de Llano, el teniente general que se sumó al golpe de Franco contra la República, y responsable de ordenar el fusilamiento de más de cuarenta y cinco mil personas, vuelve a crear la controversia sobre el derecho de los muertos al descanso.
Frente a los que exigen el derecho de las víctimas del bando franquista en la guerra civil a no yacer en cunetas y fosas comunes, el otro bando esgrime el derecho de los golpistas a permanecer en su lugar de privilegio.
Nada tiene que ver una cosa y la otra. En el primer caso es realmente vergonzoso que más de ochenta años después de acabada la guerra civil y tras las decenas de años de democracia, en España existan todavía cientos de fosas sin desenterrar. No ocurre en ningún país de nuestro entorno.
Pero aún así todavía hay grupos políticos que se oponen a la ley de la Memoria y piden dejar a los muertos en paz. Como Feijóo con Queipo de Llano.
Porque, sin equiparar unos muertos con otros y respetando el derecho al descanso de todo ser humano, resulta incomprensible que la Iglesia Católica haya autorizado y consentido que un personaje que instaba a violar a las «rojas» para que «al menos sepan lo que son los hombres de verdad», fuera inhumado bajo el altar de la Iglesia de la Macarena. Seguramente Feijóo desconoce el historial de salvajadas que cometió este sádico golpista. Pero el obispado de Sevilla lo sabía perfectamente cuando autorizó el ilustre entierro de Queipo en una de las cofradías más populares de la capital andaluza.
El siguiente capítulo es sacar del Alcazar de Toledo a Milans del Bosch, otro golpista en potencia (este felizmente no logró su objetivo). No porque yazca en un templo, si no porque reposa en un edificio público, propiedad del Ministerio de Defensa. Y fue precisamente contra esas Fuerzas Armadas democráticas contra las que Milans sacó a los tanques por las calles de Valencia.
No se trata de intercambiar sepulturas, no se trata de arrojar ahora a los golpistas a las fosas comunes a donde tiraron a sus víctimas, no. Hay que sacarlos de los sitios de honor que no merecían, entregárselos a sus familias con respeto y que acaben en un cementerio, como el resto de los ciudadanos de este país.
La Ley se aprobó en el Congreso y como tal hay que cumplirla. No cabe que cada exhumación se convierta en una polémica que reproduce el enfrentamiento cainita. Tantos años después cada muerto debe yacer en el lugar donde su familia puedan recordarle. Y, ni unos en las cunetas ni los otros bajo suelo sagrado, rodeados de pompa y boato.