Mucho se ha dicho estos últimos días acerca de la formación de los jueces. Al parecer, según algunos políticos, son personas que, pese a tener encomendada por la Constitución la función de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, no poseen suficientes conocimientos para hacerlo como debería hacerse.
En particular, en materia de violencia de género y derecho penal, los jueces y magistrados no solo carecen de sensibilidad respecto de las víctimas, sino también y fundamentalmente de conocimientos. Todos son, hombres y mujeres, un colectivo de machistas sin remedio a los que es necesario conducir de nuevo al redil de la única e indiscutible verdad.
Ahora bien, olvidan estos políticos que la judicatura española está compuesta en su mayor parte por mujeres. Y que, en las últimas promociones de la Escuela Judicial, la proporción de mujeres ha superado y continúa superando el setenta por ciento de los aprobados. Es decir, a día de hoy, la carrera judicial es mayoritariamente femenina, de modo que estas acusaciones genéricas de machismo deben ser entendidas como proferidas de una mujer a otra.
Resulta que, a juicio de estas personas públicas, las casi 3.000 mujeres que visten la toga negra y ejercen sus funciones judiciales a diario en los juzgados y tribunales de toda España, son machistas. Incluyendo en esta inquisición colectiva, pues ninguna excepción se ha hecho, a los cientos de mujeres que, durante años, defendieron la necesaria igualdad entre hombres y mujeres y su consideración no solo como un principio programático, sino como un derecho fundamental, real y efectivo.
Son los riesgos que conlleva el generalizar. El verbo preferido de quienes desean la destrucción de la convivencia, de los que añoran el conflicto y pretenden enfrentar a la sociedad. No importa quién sea el centro de su diana, ni los medios que se empleen para lograr su fin. Es una vieja estrategia. Tan vieja que se advierte a la legua.
Pero junto a esto, también olvidan estos políticos el contenido de los planes de formación continua que, anualmente, elabora el Consejo General del Poder Judicial. Cientos de cursos son ofertados cada año a los jueces de todos los órdenes jurisdiccionales, a los cuales hemos de sumar las jornadas y los seminarios internacionales que organiza la Red Europea de Formación Judicial. Un número de actividades formativas que hace que los jueces españoles estén periódicamente actualizados acerca de las leyes recién aprobadas, sus interpretaciones por la jurisprudencia, nacional y europea, las opiniones doctrinales más relevantes y otras muchas cuestiones de indudable interés.
A modo de ejemplo, y puesto que la formación en materia de violencia de género y perspectiva de género parece ser ahora la cuestión primordial, este año 2022 se han ofertado cerca de diez cursos formativos. Entre ellos: Derecho Penal de género (mayo y junio), Violencia de género avanzado (marzo a junio), Iniciación en formación de violencia de género (octubre y noviembre), La violencia de género: revisión y actualización en el ámbito jurídico, Perspectiva de género en el ámbito civil, en el ámbito laboral, en el ámbito penal, etc.
Se trata de una información accesible para cualquier ciudadano. Mucho más para cualquier persona que ejerza un cargo público. De modo que, conociéndola, como seguro que se conoce, negar la existencia de formación de los jueces y magistrados es, además de una falsedad, un acto de irresponsabilidad.
Lejos quedan ya aquellos tiempos en que los discursos de los políticos, de uno y otro signo, rebosaban conocimiento y cultura. Y entre ellos, en vez de insultarse cuando discrepaban de una determinada idea, se trataban con respeto. Pero la educación, al igual que la meritocracia, forman parte del pasado. Ahora se lleva la barahúnda. Y si hay gresca, mejor. Los seguidores del reality lo demandan.