El cotarro nacional anda de lo más revuelto por la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de aceptar las exigencias de ERC para derogar el delito de sedición y modificar el de malversación de caudales públicos. Los republicanos no han tardado nada en poner sobre la mesa un nuevo referéndum sobre la independencia de Cataluña, aprovechando la debilidad de los números de un presidente que quiere mantenerse en el poder a toda costa.
Lo que sucedió en Cataluña en 2017 fue un drama. Y sí, fue una intentona golpista de la que se nos quedaron en la retina las imágenes de la policía aporreando a las supuestas almas cándidas que defendían las urnas ilegales. El problema, en realidad, no fue el 1 de octubre, sino las leyes de desconexión que se aprobaron los días 6 y 7 de septiembre en el Parlament y que convertían a Carles Puigdemont en un dictadorcillo cualquiera. Pero eso no quieren que lo recordemos porque, entonces, lo que han hecho el PSOE y Unidas Podemos ahora nos provocaría algo que va más allá del asco.
A cambio de esta traición, los socialistas han aceptado con mucha alegría la modificación de la malversación, que beneficiaría a Oriol Junqueras y al mismo Puigdemont. Pero también a la larga lista de corruptos, presuntos o no, que tienen el carnet del PSOE. Y esto en Ibiza puede ser la salvación para los imputados en el caso Eivissa Crea, con el todopoderoso Alfonso Molina a la cabeza. Si los electores no lo remedian, todavía lo volveremos a ver como mano derecha de Ruiz en can Botino. Qué país, qué paisaje y qué paisanaje…