No creo que esté de más en el último artículo del presente año recordar uno de los principales problemas que tiene nuestra isla de Eivissa y que sigue sin resolver; me refiero al tema de la movilidad terrestre. Este pasado verano de 2022, con la recuperación de la normalidad perdida a raíz de la pandemia y después del paréntesis obligado de los dos años con numerosas restricciones de todo tipo; hemos podido comprobar cómo el problema en cuestión no solo no había desaparecido, sino que se había agravado.
El caos circulatorio, el colapso de nuestras carreteras, las dificultades para encontrar aparcamiento en los núcleos urbanos de cada municipio, el incumplimiento de los horarios previstos en el transporte público, el insuficiente numero de líneas disponibles, la falta de soluciones a una población tremendamente dispersa; son todo problemas ligados a un deficiente transporte público, que sistemáticamente conlleva el abuso en el uso del vehículo privado.
No debemos olvidar que se trata de un servicio que se presta a través de una concesión de nuestra administración insular y que lleva caducada desde 2018. La incapacidad para gestionar el transporte público por carretera es más que evidente y ni el gobierno de izquierdas de la pasada legislatura, ni el actual de derechas, han sido capaces de resolver debidamente la adjudicación de la nueva concesión.
Ambos han tenido años para trabajar en ello de pleno y lo que resulta inexplicable es que ni unos, ni otros hayan sido capaces de dejar un tema tan importante como este resuelto.
Los partidos políticos llevan varias legislaturas lanzándose los trastos a la cabeza y criticando como se gestiona el asunto de la movilidad insular; pero los que critican estando en la oposición, no han demostrado saber hacerlo mejor cuando han gobernado y; los que gobiernan tampoco demuestran la menor eficacia en la gestión.
Resulta difícil de creer que se necesiten cuatro años o más para dejar lista la adjudicación de una concesión pública. La anterior legislatura entera fue insuficiente para tener todo preparado en el mismo momento en el que venciera el contrato en vigor. Contrato que desde el 1 de enero de 2019 está prorrogado.
En la legislatura actual, se vienen anunciando diversos avances, pero la realidad es que a unos cinco meses de una nueva convocatoria electoral, la situación del transporte público por carretera, está exactamente igual que estaba. Según los últimos datos conocidos, desde el departamento responsable del área en el Consell, se sigue sin haber remitido la documentación necesaria al organismo estatal correspondiente para avanzar en la nueva concesión.
Con todo ello y siendo optimistas cabría pensar que a pocos días del inicio de la campaña electoral, pudiera estar resuelto el nuevo contrato de concesión. Con toda seguridad, se está pensando en la posibilidad de utilizar dicha cuestión electoralmente, si bien lo cierto es que deja en evidencia a la Conselleria Insular responsable y al equipo de gobierno en pleno. En ningún caso podría catalogarse de éxito político necesitar cuatro años para resolver un contrato de concesión.
Cabe catalogar de fracaso total, el trabajo realizado en estas dos últimas legislaturas en materia de transporte y movilidad. Según los pocos datos que se van conociendo de las nuevas condiciones y prestaciones que podrá ofrecer el nuevo servicio de transporte público, solo podemos pensar que no va a ir más allá de un simple lavado de cara y que se va a quedar muy lejos de ser un servicio eficiente que vaya a permitir prescindir del uso del vehículo privado.
Parece evidente la falta de valentía y decisión a la hora de plantear como puede, o más bien debe, ser la movilidad del futuro en nuestra isla. Que los autobuses sean más modernos y sostenibles, que se incrementen las líneas y sus frecuencias; no es suficiente para acabar con el colapso en nuestras carreteras. Un autobús eléctrico va a tener que circular por la misma red de carreteras actual; exactamente igual que lo hacen los actuales que consumen combustibles fósiles. Se encontraran con las mismas dificultades y atascos y, seguirán sin poder cumplir los horarios previstos.
Últimamente solo se habla del convenio de carreteras y de las dificultades de todo tipo para conseguir firmar uno nuevo. Con diversos argumentos se vienen poniendo trabas desde todas las administraciones, la estatal y la autonómica; además no podemos olvidar el permanente desprecio por el transporte terrestre en nuestra isla por parte del Govern.
Ante una realidad tan oscura y un escenario de futuro tan poco optimista, ha llegado la hora de plantearle al Govern, la necesidad de negociar un convenio de movilidad terrestre, que permita a nuestra isla la posibilidad de tener la financiación justa para invertir en infraestructuras sostenibles y en una correcta gestión de nuestro transporte.