El núcleo de diversos problemas que afectan gravemente a nuestras islas Pitiusas, acaba siendo casi siempre el mismo. Por supuesto que me refiero a la falta de vivienda asequible, tanto para compra, como para alquiler. Los precios desbocados y abusivos son seguramente el obstáculo más importante a la hora de conseguir que los médicos y enfermeros/as quieran venir, lo mismo ocurre con los policías nacionales y guardias civiles, los posibles funcionarios de los juzgados o los empleados de nuestros hoteles.
Está más que demostrado que dejar la posible solución del problema en manos de un libre mercado que en aras de un único objetivo, que no es otro que la obtención del mayor beneficio y en el menor tiempo posible, juega muy sucio y mantiene unos precios permanentemente al alza, nunca será viable. Se da la circunstancia de que cuando en otros territorios hay épocas de contención o de cierta reducción de los precios, en nuestras islas eso se desconoce y también en esas épocas los precios siguen subiendo.
Estamos en año electoral y unos y otros pretenden hacernos creer que o lo están haciendo muy bien, los que gobiernan, o aseguran que lo resolverían si gobernaran, los de la oposición. Preparémonos ya que esta va a ser la constante en los meses venideros y lo podemos comprobar ya en todo tipo de debates políticos, en el Parlament, en los Consells, los Ayuntamientos, incluso a nivel estatal en el Congreso. En la derecha nada ha cambiado en sus propuestas sobre la cuestión. Nunca han sido proclives a la más mínima intervención en el sector, defendiendo que sea el sector privado que aplicando el llamado «libre mercado» aporte las soluciones. Siempre han actuado en esa misma línea; cuando gobernaban en la Comunidad, en ningún caso se preocuparon por construir vivienda pública de protección oficial y en la actualidad mantienen una política muy similar a la de entonces. Sirva como ejemplo lo que ocurre en nuestra isla, donde ni uno de los ayuntamientos gobernados por la derecha, ha cedido un solo solar para la construcción de VPO.
Todos sus candidatos en las próximas elecciones de mayo, mantienen el mismo discurso, su única propuesta pasa por garantizar los derechos de los propietarios a la hora de alquilar los pisos. Resulta muy difícil hacerles entender que esto no es en realidad lo que dificulta que pueda haber más pisos en el mercado, ya que la clave está en que a día de hoy existe otra forma de sacarles rendimiento a esos alojamientos y, no es más que explotarlos como viviendas turísticas unos pocos meses al año y con unos precios abusivos acabar obteniendo más ingresos.
Esta circunstancia ha hecho que el problema se convierta en crónico y afecte a todo el año. Durante el verano se alquilan a precios desorbitados y en el invierno están cerrados y fuera del denominado «mercado libre».
Por el otro lado, la izquierda, si bien es cierto que está a años luz del PP en lo que a construcción de nuevos proyectos de VPO; esta no puede ser la única medida que se aplique, ya que los procesos de ejecución son lentos y por tanto aportar más viviendas al mercado inmobiliario es un proceso de años. Por otro lado también debe quedar claro que en ningún caso serán suficientes los nuevos proyectos para cubrir la urgente necesidad de viviendas dignas y a precios asequibles.
Resulta por tanto, por más que pueda molestar a la derecha de este país, imprescindible aplicar medidas más intervencionistas. Y tampoco sirven algunas teorías sobre que bastaría con endurecer las políticas fiscales a los propietarios de pisos vacíos, tanto si son grandes tenedores como si no lo son; ya que dichos propietarios siempre sacarán mayor rendimiento que el posible incremento impositivo que se les pueda aplicar.
Hay que desbloquear de una vez por todas la ley de vivienda que sigue siendo discutida en Madrid. No se avanza en su aprobación por discrepancias a la hora de fijar un posible tope a los alquileres. Señalar que en mi opinión esa es una medida que resulta del todo necesaria en territorios especialmente críticos, como son nuestras islas. Desde el Gobierno Autonómico se debe presionar lo que haga falta para avanzar en la citada tramitación, ya que se trata de una ley que ha de dar cobertura legal a posibles criterios normativos que se pueda decidir aplicar aquí.
Por último y ante la imposibilidad de que partidos políticos rivales vayan a ponerse de acuerdo en políticas de vivienda, debido a que cada uno quiere seguir su propio camino, olvidándose de los demás; hay otras cuestiones en las que sí es más que urgente ponerse de acuerdo para intervenir. Sin ir más lejos en necesario que las diferentes administraciones colaboren de manera clara y con ello puedan actuar con contundencia, en la lucha contra el alquiler turístico ilegal.
La simple unión de fuerzas en este punto, ya sería un gran avance a la hora de atacar el problema.