Entre agobio y desasosiego, nos estamos preguntando si así trata la Justicia española a las víctimas de «inquiokupas»?
Resumo el caso:
Lo que iba a ser una sana y tranquila vida de jubilación para Don Luc Louis Chapelle de Valmont, típico aristócrata belga afincado en Ibiza desde veintidós años, se convirtió desde ya cinco años en una auténtica pesadilla.
Todo empezó a lo largo de la primavera del año 2016, cuando el arrendatario del local comercial que Don Luc tiene en propiedad en la Marina Botafoch a través de la entidad Domus S.L., recientemente instalado ahí, por su mayor sorpresa dejó de abonarle el alquiler mensual de 3.800 euros que le adeudaba, y no volvió a pagarle nunca más. Así, acumulando una deuda arrendaticia cuyo importe acabó ascendiendo a un gran total de más de 64.000 euros, consiguió Don Luc y su sociedad unipersonal Domus S.L, después de más de dos años y medio de una farragosa batalla judicial, una sentencia judicial estimatoria que condenó su indelicado inquilino, la sociedad Ibiza Tribes SLU, al pago de las rentas impagadas, debidamente incrementadas de costas procesales e intereses de demora. Dicha Sentencia alcanzó firmeza en enero del 2019.
Pues bien, al esperar y con razón que en plazos breves iba a ser desahuciado a la fuerza, el «inquiokupa» se adelantó, y sin que esta parte sepa exactamente cómo (pero imaginando que para ello falsificó un cierto número de documentación), concluyó un fraudulento «traspaso» con otros arrendatarios que hoy en día , ahí explotan un restaurante italiano. Nuevamente se presentó querella ante el Juzgado de Instrucción número 2 de Eivissa por usurpación de propiedad y negocio jurídico criminalizado, encima de una demanda de desahucio por precario… aún sin resultado alguno. Ni Don Luc ni su abogado Pierre-Jean Trebuchet, siquiera tuvieron la oportunidad de comparecer delante de un Juez para declarar en calidad de víctima (parte querellante), mientras el querellado sí fue citado y tuvo, en sendas ocasiones, la posibilidad de defenderse.
«Estoy francamente cansado de tener que sufrir, unas y otras veces, del nihilismo y de la inacción de la Justicia», se exaspera Don Luc. «Tengo la pésima impresión de pelearme para defender a mis más básicos derechos. Es desesperante; llevo 4 años teniendo que justificarme por el mero hecho de existir. Este local es mi legítima propiedad y, al ser jubilado y enfermo de corazón, mi única fuente de recursos!», se indigna.
Y como si esto no fuera suficiente, el Juzgado de Primera Instancia número 3 de Ibiza no facilita la ejecución de la arriba referida Sentencia, todo al contrario. «Parece que mi deudor es la víctima, y yo el enemigo público número 1. Es un verdadero colmo», nota Don Luc.
«A la favor de un arrendatario moroso», «se instaló de repente un restaurante en mi local que lleva licencia de … joyería. Cómo será posible esto?? Estos nuevos «inquilinos» pretenden, para su defensa, que yo era titular de una concesión enfitéutica que se me acabó. Obviamente sin aportar prueba documental alguna. Y esto es rotundamente incierto: este local lo compré en el año 1.999 y conseguí un titulo de propiedad. Esto es un despojo puro y simple».
Ambos procedimientos judiciales enfocados al respecto por el Letrado de Don Luc, Pierre-Jean Trebuchet (abogado colegiado en París y en Barcelona), no fueron fructíferos hasta la fecha ni mucho menos. Peor aún, y lejos de contestar a los numerosos escritos de impulso procesal presentados por el arriba citado Letrado, para que por fin se adopten medidas contundentes contra el deudor «inquiokupa» de Don Luc, el Magistrado titular del Juzgado de Primera Instancia número 3 de Ibiza, abrió contra los demandantes un expediente por …. mala fe procesal. «Esta situación es de Kafka», se desespera Trebuchet. «Vamos de lentitudes en olvidos casuales, de errores de envío de notificación en averías informáticas… Cada día nos inventa la Administración de Justicia una nueva excusa para no llevar nuestros asuntos con la diligencia que le incumbe», acusa el letrado. «Y todo ello, siguiendo estrictamente las Leyes procesales que nos rigen», sigue. «Por haber «osado» quejarnos de una lentitud y una incuria insoportable, ahora este Magistrado nos echa una sanción gubernativa. Esta actitud por su parte es una total prevaricación, encima de ser la más flagrante falta de respeto que sea hacia el justiciable y la víctima que es mi cliente».
Al respecto insiste Don Luc: «tanto mi abogado como yo, fuera de cualquier marco legal, recibimos dos correos electrónicos de parte de quién se presenta como siendo el Magistrado que lleva el asunto, cuyo contenido, indigno y desgraciado, roza la injuria xenófoba. En un primer lugar pensé que era un «spam», pero no. Será imparcial este Juez? Claramente no», se desola el jubilado belga.
«Aparte de ya haber presentado las pertinentes quejas ante el Defensor del Pueblo y el Consejo General del Poder Judicial», señala Trebuchet, «habrá posibles acciones penales por abuso de autoridad y prevaricación judicial, en función de las consecuencias que tendrá el procedimiento por «mala fe procesal» que se nos instó. Igualmente, y puesto que nos está flagrantemente violando el derecho a la tutela judicial efectiva, estoy enfocando un recurso de ámparo ante el Tribunal constitucional, así como otro recurso, esta vez pir carencia, ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La forma en la que nos atiende la Justicia española, no es digna de un Estado de Derecho».
En términos prácticos, son seis años de triple procedimiento judicial: dos civiles y uno penal.
Catorce quejas ante el Consejo General del Poder Judicial. Decenas, por no decir centenas de horas de trabajo.
Y sobre todo, miles de euros gastados en costas procesales, respecto a las cuales señala Don Luc que «comprometerá la responsabilidad pecuniaria de la Administración de Justicia española».
Todo ello, por 0 RESULTADO.
«Es que hay Justicia en España?», pregunta Don Luc no sin un toque de ironía.
Y efectivamente, nos lo podemos preguntar.