Tumbada que ha sido la Ley de Garantía Integral de Libertad Sexual en razón del pacto entre el PSOE y el Partido Popular, flota en el aire una pregunta: ¿a qué está esperando su promotora, la ministra Irene Montero, para presentar su dimisión?
A juzgar por su empecinamiento, parece que no acaba de entender que, en democracia, los actos de los gobernantes tiene consecuencias y, si como es el caso, la ley que será reformada ha propiciado excarcelaciones de violadores y rebajas de condenas, su impulsora no puede seguir mirando a otra parte achacando la responsabilidad del escándalo a los jueces que atienden las peticiones de revisión que se amontonan en los juzgados.
La ley del ‘solo sí es sí', en vigor desde el mes de octubre de 2022, ha durado menos que sus indeseables consecuencias que, por desgracia, se prolongaran en el tiempo más allá de la nueva ley fruto de la reforma alcanzada tras el pacto entre socialistas y ‘populares'.
Al no reconocer el error de partida -las deficiencias técnicas de la ley- Irene Montero acredita una inexplicable falta de empatía con las víctimas de los depredadores sexuales: más de cien excarcelaciones y cerca de mil rebajas de condenas. Es insólito, pero aunque cueste creerlo, tiene replicantes. Que Montero, que adolece de formación jurídica, se permita sermonear a los jueces no pasaría de ser un caso típico de comportamiento beocio. Lo que llama la atención es que algunas de sus colaboradoras que sí tienen esa formación –caso de la magistrada Victoria Rosell, delegada del Gobierno para la Violencia de Género– se sume a semejante manipulación. Rosell ha llevado más lejos su empecinamiento negando, incluso, la necesidad de reformar la ley. Es un pataleo que roza lo patético.
Por otra parte, dado el origen de la ley Montero –que fue aprobada en Consejo de Ministros– que el máximo responsable político que es el Presidente del Gobierno se ausentara del Congreso para no estar presente en la votación que modificaba la chapuza, describe sin necesidad de mayores palabras cuánto había de insinceridad en Pedro Sánchez al pedir perdón por los «efectos indeseados» de la ley. Que no haya destituido a Irene Montero, por decirlo en corto, es una ignominia que ofende a las víctimas que viven con temor las rebajas de condenas y la excarcelación de sus agresores sexuales.