P or poco que uno esté pendiente de los medios de comunicación, podrá observar como últimamente el centro de todos los debates, tertulias, entrevistas y ruedas de prensa, no es otro que la problemática de la vivienda. Como ya dije en otra ocasión la cercanía de unas próximas elecciones, hace que este tema sea ahora mismo el más candente.
A pesar de que no se trata de un problema nuevo, lo cierto es que la práctica totalidad de los políticos, no ha sido hasta estas últimas semanas que han decidido que este sea el núcleo de todas sus intervenciones. A todos los niveles aparecen ahora los gurús de la vivienda que aseguran que solventarán la situación, si son los vencedores de las próximas elecciones.
Lo cierto es que contrariamente a lo que sería deseable y a pesar de las muchas evidencias que la realidad sigue poniendo ante nuestros ojos, cada partido político y por tanto cada administración, sigue haciendo la guerra por su cuenta; aparcando precisamente aquello que sería lo más necesario, la unidad de actuación. Recientemente han sido los constructores y promotores quienes han lanzado un llamamiento a la unidad política a la hora de hacer frente a esta gravísima situación.
Ya comenté en alguna otra ocasión la prácticamente nula repercusión que medidas de los que gobiernan y propuestas de los que aspiran a hacerlo, tendrán en la solución de la problemática en cuestión. La mayoría de ellas, en ningún caso servirán para una rápida solución en nuestras islas por una parte y no aportan nada nuevo por la otra.
Los constructores y promotores reclaman ahora un «Decreto de Emergencia Habitacional» como base de una hipotética solución y, lo cierto es que las medidas que proponen incluir en el citado decreto, van dirigidas fundamentalmente a mantener el ritmo de sus propios negocios. Cierto es que alguna de las propuestas valdría la pena tenerlas en cuenta, si bien con retoques y matices.
Se podría estar de acuerdo en la posibilidad de crecer en altura en determinados puntos concretos, en buscar formulas para el aprovechamiento de ciertos suelos urbanos en zonas abandonadas o deterioradas, o en agilizar los trámites administrativos en cuanto a las licencias; ahora bien, ya resulta más difícil aceptar determinados planteamientos propuestos por ellos mismos. Da la sensación que lo que hacen es lavarse las manos en cuanto a la responsabilidad de la situación actual, afirmando que es debida a «medidas estrella» de diferentes gobiernos, a una maraña legislativa en el sector y a la constante subida de los impuestos relacionados con la vivienda.
Sinceramente, cuando uno lee tales afirmaciones, tengo claro que las dos asociaciones aquí citadas, viven encerrados en su mundo y su único objetivo sigue siendo sacar el máximo rendimiento posible a las empresas que representan. Si bien reconocen que en los últimos ocho años el precio de la vivienda ha subido un 72%, en ningún caso quieren ser ellos responsables de tal subida, cuando en realidad son ellos mismos quienes han ido incrementando esos precios.
Pretenden también aparcar las que denominan propuestas cortoplacistas y lo basan todo en la nueva construcción. Precisamente, lo que se necesitan son normas que puedan tener un efecto inmediato en la lucha contra el crecimiento desenfrenado de los precios, tanto de compra, como de alquiler. Y eso es lo que más se nota a faltar ahora mismo, ya que ni la recién aprobada Ley de Vivienda, tendrá el efecto que sería deseable en nuestras islas. Es cierto que pone coto a los incrementos abusivos de los alquileres, en aquellas zonas que se determinen como tensionadas, pero queda muy lejos de poder garantizar unos alquileres realmente razonables, ya ni siquiera asequibles, en los nuevos contratos.
El libre mercado y la falta de capacidad o voluntad de control por parte de la administración, son los auténticos causantes de la situación actual. Es por ello que se debería haber sido mucho más valiente a la hora de regular el sector inmobiliario en todas y cada una de sus facetas. Sigue siendo mucho el negocio ilegal que gira alrededor del sector inmobiliario y muchas las viviendas ya construidas que se están utilizando a través de oscuros negocios.
El control exhaustivo de lo que se viene haciendo con cada una de las viviendas existentes en nuestras islas, de tantas y tantas viviendas vacacionales ilegales o de los alquileres abusivos, si servirían para empezar a poner coto a toda la oferta fraudulenta que existe a día de hoy.
Finalmente, debo recordar que ante tanta propuesta anunciada recientemente y que tendrá nula efectividad en nuestro territorio, hay un proyecto que ha de permitir que se construyan más de 500 nuevas viviendas de VPO en la isla y, que ya debería estar prácticamente listo y no en sus trámites iniciales. Can Escandell si será un proyecto efectivo de cara al problema; centren los esfuerzos donde vale la pena hacerlo.