El Govern aprobó ayer el anunciado Decreto Ley de medidas urgentes en materia de Vivienda, que contempla una batería de actuaciones para hacer frente a la calamitosa situación de emergencia habitacional que se padece desde hace años en Baleares y aún más en las Pitiusas. En poco menos de 3 meses, un periodo de tiempo que puede calificarse de todo un récord, la conselleria de Vivienda ha sido capaz de redactar una norma compleja y de gran calado, en cuya elaboración han participado colegios profesionales y asociaciones del sector de la vivienda, de forma que no se quede en una declaración de intenciones sin utilidad, ni en pura e ineficaz propaganda.
La escasez de oferta y la elevada demanda se ha traducido en un alza incontrolada de los precios, tanto de compraventa como de alquiler, que en la práctica imposibilita o hace extremadamente difícil que las rentas medias y bajas puedan acceder a una vivienda. Todo esto, como todo el mundo sabe, no se ha producido de la noche a la mañana, sino que ha sido de forma gradual y favorecido por la total inacción de la Administración. Muchas reuniones de mesas de diálogo, muchas sesiones de mesas sectoriales para estudiar la situación y jamás llegar a ninguna conclusión, aún menos para adoptar medidas eficaces. A eso se limitó el Govern de Francina Armengol, con los resultados por todos conocidos. El mayor fracaso político y de gestión, culpable, en gran parte, de que las cosas estén como están. De ahí que tan pronto se aprobó el Decreto Ley, se lanzaron en tromba a criticarlo, afirmando que favorecerá la especulación. El PSOE lamenta que no se haya contado con sindicatos ni consumidores. Eso ya lo hicieron ellos y ya se ve para qué sirvió. Igual pretendían que la consellera Marta Vidal se reuniese con la confederación de okupas. Será por reuniones.