Pueden insistir todo lo que quieran en que, gracias a la convalidación del decreto anticrisis por el Congreso de los Diputados por 172 votos a favor y 171 en contra, el transporte público seguirá siendo gratuito, pero no es verdad. Nada es gratis y esto tampoco. No cobrar a quienes tienen recursos económicos suficientes para costear algo que cuesta dinero, supone un fraude, una estafa que nada tiene que ver con políticas progresistas, sino más bien con un engaño. Un robo, diría yo. Un año más, quienes no usan el transporte público pagarán el servicio como si lo usaran. Y quienes lo usan, no pagarán nada. Nada de nada, independientemente de si tienen dinero o no lo tienen. Da igual si son jubilados con una pensión no contributiva (unos 800 euros al mes) o si son desempleados de larga duración. A estos efectos, se les equipara con aquellos pensionistas que perciben la pensión máxima para 2024, fijada en 3.175 euros mensuales. Todo es realmente progresista. El hecho de no pagar algo que cuesta dinero tiene otro efecto muy pernicioso.
Lo que no se paga, no se valora. Y lo que no se valora, se desprecia. Eso por no hablar de la saturación que provoca no tener que pagar el billete, ya que con los mismos medios se presta el mismo servicio que ahora usa más gente, lo que conlleva la saturación de buses (y trenes en Mallorca, que los residentes ibicencos sí pagan porque no tienen derecho a la tarjeta intermodal). La falsedad de la «gratuidad» del transporte público se completa con la mentira impúdica de que se ha aprobado con la abstención de los siete diputados de Junts. Es una falacia. No votaron. Podían votar sí, no o abstención, pero se largaron del Senado para no hacerlo. Y el PSOE, en lugar de criticarles por ello, carga contra PP y Vox, mientras premia a Carles Puigdemont con nuevas y jugosas concesiones que todos pagaremos, porque esto tampoco es gratis.