El Gobierno de Pedro Sánchez es un gobierno embrutecido, que se regocija en el desprecio a la Constitución, a las leyes y que se siente cercano a los delincuentes. Es por ello que ataca a jueces y fiscales, y desprecia a los agentes de las Fuerzas de Seguridad, como acabamos de comprobar con el asesinato de dos guardias civiles en el puerto de Barbate (Cádiz) tras ser abordados por una narcolancha, que pasó por encima de la pequeña zódiac del GEAS de la Guardia Civil que, irresponsablemente, alguien envió para echarles del puerto. Algo así como si se envía a un motorista de tráfico a parar por sí solo un tráiler de 18.000 kilos. Una aberración operativa de la que alguien tiene que responder. Porque está claro que las responsabilidades penales corresponderá determinarlas a la Justicia, pero las responsabilidades políticas y operativas también deben ser depuradas. Y aquí cobra mucho sentido el comunicado conjunto de las asociaciones profesionales de guardias civiles, porque están hartas de denunciar la situación de falta de medios y personal para luchar contra los narcotraficantes en el Estrecho.
Las imágenes son elocuentes y muy reveladoras del brutal desequilibrio de medios con que cuentan los criminales y quienes están encargados de hacer cumplir la Ley. Ya son 4 los guardias asesinados por narcos desde 2021. Pero el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, dice que no se plantea dimitir. «Son unos hechos gravísimos, dramáticos, que no van a quedar impunes; pero reiterar el esfuerzo importante en inversiones, en medios materiales y personales realizados durante estos cinco años», dice el jeta. Lo dramático es que él siga siendo ministro. Y, por descontado, también deben ser expedientados los que mandaron a morir a los pobres guardias, quienes, como de costumbre, obedecieron y cumplieron su deber hasta las últimas consecuencias.