En España no hay costumbre de organizar referéndums ni consultas democráticas sobre cuestiones importantes que afectan a todos. Y es una pena que nuestros gobernantes y los políticos en general confíen tan poco en el criterio de los vecinos, sobre todo en asuntos de competencia municipal. Se tiende a pensar que la población no está suficientemente informada ni capacitada para decidir, pero no es cierto. Sólo hay que ver cómo en otros países de la Unión Europea, con mayor tradición democrática que nosotros, convocan consultas con habitualidad sin que se muera nadie ni se acabe el mundo. Pero aquí nadie se atreve a preguntar a los que, en teoría, son los que realmente mandan: los ciudadanos. Nuestro sistema democrático se limita a poner las urnas para que la gente vote cada cuatro años, cada cinco años si son las elecciones al Parlamento Europeo.
Y aquí termina su participación, muchas gracias por colaborar. Me pregunto por qué no se convoca un referéndum para que los vecinos de Sant Antoni se pronuncien sobre la reapertura de la estación marítima, como pide Baleària. Así sabríamos a ciencia cierta si la gente está a favor o en contra. ¿Tan difícil es? Lo mismo cabría decir de muchos otros dilemas sobre los que nuestros representantes políticos deben pronunciarse, pero a menudo sin saber lo que los contribuyentes opinan al respecto, como, por ejemplo, qué hacer con los residuos cuando se clausure el vertedero de Ca na Putxa. ¿Hacemos una incineradora o los embarcamos hacia otro lugar, donde los quemen por nosotros, pagando por ello?
Es verdad que antes de consultar a la población, habría que informar detalladamente sobre las distintas alternativas y sobre las consecuencias de cada decisión. Pero al menos la responsabilidad de lo que se decida hacer sería de todos y no sólo de los políticos que nos representan. Igual así se hacían las cosas con más transparencia.