La crisis en el Consell de Formentera ha ido un paso más allá (no sé cuántas veces he escrito esto en los últimos meses) con las gravísimas acusaciones formuladas por Sa Unió contra Llorenç Córdoba ante la Fiscalía Anticorrupción. No es ya que los ocho consellers de la coalición no tengan ningún trato con el presidente del Consell sino que ahora, además, le acusan de los presuntos delitos de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias en el espinoso asunto de las adjudicaciones de los quioscos de playa. El día a día en la institución insular tiene que ser de lo más agradable.
Nadie con dos dedos de frente entiende cómo es posible gobernar en esa situación. El presidente va por su lado y el equipo de gobierno por el contrario. Y, frente a esto, la oposición de GxF y del PSOE se mantiene como mera espectadora de lo que a todas luces es una situación insostenible. Ya da hasta pena ver al pobre Óscar Portas insistir una y otra vez en que Sa Unió ha contactado con estos partidos para poder solucionar el problema. ¿Hasta dónde van a tensar la cuerda GxF y el PSOE?
Ambas formaciones han exigido la dimisión de Córdoba por el tema de los chiringuitos. Pero no han pasado de ahí. ¿Qué más necesitan para entender que la gobernabilidad, la gestión de lo público en Formentera, depende ahora mismo de que ellos hagan un gesto? Es llamativo, además, que los socialistas no accedan a las peticiones de Sa Unió considerando lo que está pasando a nivel nacional. ¿Es peor Sa Unió que Carles Puigdemont? ¿Es más difícil llegar a acuerdos con José Alcaraz que con EH-Bildu? El papelón que están jugando todos en el Consell debería servir para inhabilitarlos de por vida para la política.