El único poder del Estado que tenía unos altos estándares de respeto era el judicial. Pero el Gobierno se ha encargado de lapidar ese prestigio cuestionando de manera falaz la legitimidad de los jueces con bulos de cuñado para contaminar la opinión pública.
Cuando se investigan las corruptelas y el presunto tráfico de influencias de la mujer y el hermano del presidente es lawfare, pero cuando investigan a la bancada contraria «hay que respetar los procesos judiciales». Lo que antes era inconstitucional ahora resulta que es el bálsamo de paz y convivencia que necesita este país.
Todo empezó cuando acusaron al poder judicial de no saber aplicar la execrable Ley del ‘sólo sí es sí' que ha excarcelado a centenares de delincuentes sexuales y ahora acusan al poder judicial de no saber aplicar la inconstitucional Ley de Amnistía por la que han sometido la democracia a cambio de un puñado de votos para aguantar unos meses más en el poder. El siguiente paso ha sido instrumentalizar un Tribunal Constitucional contaminado que resuelve al dictado del ejecutivo para amnistiar de facto la corrupción del los ERE en Andalucía y anular las condenas de sus amigotes.
La justicia sólo les interesa cuando se investiga la corrupción propia o del adversario. La falta de medios con la que «funciona» la administración de justicia poco les importa. La sobrecarga de asuntos que asumen los jueces, los retrasos inasumibles que desesperan a los ciudadanos o la precariedad de las instalaciones son nimiedades que sólo afectan al vulgo. Los estándares de esta democracia están amenazados por una autocracia sanchista aplaudida por bocas agradecidas que no comprenden la deriva y el riesgo de esta nueva transición que ha pervertido prácticamente todas las instituciones del Estado.