Más vigilados que los delincuentes

A nadie le hace gracia facilitar datos personales a organismos gubernamentales, pero lo aceptamos con resignación porque creemos que esos datos, debidamente tratados, aumentan nuestra propia seguridad. Alguien que tiene una orden de busca y captura en vigor, difícilmente se alojará en un hotel presentando su DNI, pues resulta lógico pensar que tan pronto como el recepcionista introduzca sus datos en el sistema, eso haría saltar las alarmas en el Ministerio del Interior y la Policía Nacional o la Guardia Civil caerían sobre el sujeto de forma inmediata. La pérdida de privacidad que los ciudadanos estamos dispuestos a asumir como precio a pagar por gozar de mayor seguridad, debe ser siempre la mínima indispensable. Y parece evidente que con el nuevo registro de viajeros que el Gobierno ha puesto en marcha, con todo el sector turístico indignado ante la sobrecarga de trabajo que ello supone, se pierde toda proporción entre la seguridad pública y el respeto a la privacidad de los ciudadanos. No acaba uno de entender por qué la Secretaría de Estado de Seguridad necesita saber la tarjeta de crédito con la que he abonado el coche que alquilé el pasado fin de semana o del hotel donde me alojé. ¡Ni que fuera obligatorio tenerla! Se trata de una información que hasta ahora el Gobierno no tenía de forma automática ni masiva, aunque si era precisa para esclarecer un delito, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad podían recabarla de las empresas, con la correspondiente orden judicial. Pero el Gobierno de España ha considerado mejor para nuestra seguridad recopilar una ingente cantidad de datos para mejorar nuestra seguridad. Como si un delincuente buscado por la Interpol fuese a alojarse en un hotel o alquilar un coche con su propio pasaporte original y pagando con una Visa a su nombre. En todo esto, algo no cuadra.