El espectacular vuelco electoral que se produjo en Baleares en las últimas elecciones locales y autonómicas, dejó dos conclusiones muy llamativas y ambas se pusieron sobre la mesa de forma inmediata nada más conocerse los resultados del escrutinio de votos. Por un lado, el partido que ganó claramente las elecciones, el PP, se afano en afirmar que su éxito se fundamentaba en la necesidad de cambiar la política que se venía practicando por parte del sector progresista o de izquierdas y que, por tanto, lo ocurrido se debía a la voluntad de la ciudadanía que pedía a gritos una política más contundente y menos permisiva en numerosas cuestiones.
Por otro lado y en el caso puntual de nuestra isla de Eivissa, a lo largo de toda la pasada legislatura y durante la precampaña y campaña electoral, se hizo hincapié de forma más que persistente en la circunstancia de la marginación que padecía la isla de Eivissa, por estar gobernada por el PP, mientras que en Palma había un gobierno progresista con una presidenta socialista. Según se decía en esos momentos la falta de afinidad política entre los dos gobiernos hacía que la relación entre ambos fuera tirante y, consecuencia de esa tirantez era que no se atendieran las peticiones que salían de nuestro Consell Insular. Ello hizo que una vez visto un mapa político totalmente azul en nuestra isla y siendo también el PP el partido que se había alzado con la victoria en el Parlament y para formar Govern, se afirmara categóricamente que en esta legislatura sí se iba a escuchar a Eivissa en Palma y que ahora se nos iba a apoyar.
Pero una vez más la realidad es tozuda y acaba escogiendo un camino mucho más tortuoso de lo previsto y desmonta el idílico panorama que en los momentos de euforia se había anunciado. Para que podamos ver con meridiana claridad que se nos sigue tratando a los residentes de las Pitiusas como ciudadanos de segunda o de tercera, basta hacer referencia a uno de los grandes problemas que nos afectan, como es el de la lucha contra todo tipo de actividad fraudulenta y por tanto ilegal. En concreto quiero referirme a la actividad de alquiler turístico, que repercute directamente en la problemática de la vivienda y a la actividad de ocio ilegal.
Una de las quejas que más llamarón la atención en su momento, fue la que acusaban al Govern progresista de no apoyar aquellas propuestas que desde Eivissa reclamaban los cambios normativos necesarios para poder proceder al precinto inmediato de una vivienda de cualquier tipo que se estuviera alquilando turísticamente de forma ilegal. Según se afirmaba, ello se debía únicamente a que quien lo solicitaba no era de izquierdas. Pues bien, a día de hoy y con el Consell y el Govern en manos del mismo partido político, el PP, se sigue sin poder precintar una vivienda que está claramente realizando una actividad económica ilegal y en ningún caso se ha podido o querido ir más allá de la simple tramitación de un expediente sancionador.
Y por mucho que se hayan incrementado las sanciones económicas a aplicar, lo cierto es que no han servido para persuadir a los que, a pesar de saber que están practicando una actividad ilegal, siguen con su piratería inmobiliaria.
En otro orden de cosas, recientemente también se ha podido ver claramente el pasotismo que se practica en Palma en cuanto a las peticiones que salen de Eivissa. Está en trámite parlamentario una proposición de ley para combatir las fiestas ilegales en viviendas turísticas, que en primera instancia pretendía regular las mismas en base únicamente a las posibles molestias que estas pudieran ocasionar a los vecinos. Ya a finales del año pasado, desde el Consell Insular d’Eivissa se expresó el descontento con lo previsto en esa propuesta, ya que se consideró insuficiente para atajar una actividad que en nuestra isla aporta pingües ingresos a quienes la organizan.
Evidentemente, en nuestro caso no se refieren a fiestas que provocan ruidos molestos y poco más. Se trata de una actividad económica pirata, organizada al margen de la ley y en la que lo que hay no son invitados, más bien son clientes, ya que para participar en las misma ha tenido que pagar una entrada. Pues bien, aquí nuevamente el PP en Palma se ha opuesto a las peticiones de Eivissa y ni tan siquiera acepta contemplar la posibilidad de retirar la autorización turística a las viviendas en las que se practique dicha actividad ilegal. Para nada se quiere contemplar la posibilidad de precintar ese tipo de fiestas, a pesar de que tanto el jolgorio como el propio alquiler turístico puedan ser ilegales.
La conclusión de todo ello es sencilla, se sigue practicando desde Palma el desprecio a las peticiones que salen de nuestra isla y que en estos casos, como en otros, resultan prácticamente imprescindibles para hacer frente a la piratería. ¿Cuándo estarán dispuestos a plantarse los políticos ibicencos ante tal desprecio?