Pawn Stars, más conocida en nuestro país como El precio de la historia o La casa de empeños, es una serie de televisión norteamericana de telerrealidad emitida por el canal History en la que se narra la actividad diaria de Gold & Silver Pawn Shop, una pequeña tienda familiar dedicada a la compra y empeño ubicada en Las Vegas y regentada por Rick Harrison, siendo habituales las intervenciones de su padre, Richard Benjamin Harrison, más conocido como El Viejo, y de su hijo, Corey Harrison, apodado Big Hoss, junto a su amigo de la infancia, el gracioso Chumlee. En ella se muestra la interacción de sus protagonistas con los clientes que llegan a la tienda portando todo tipo de objetos por los que esperan obtener grandes beneficios en caso de acreditarse su autenticidad, para lo que se recurre a expertos sobre las más variadas materias que se encargan de datar y atribuir un potencial valor a las piezas mostrando a su vez un enriquecedor trasfondo histórico sobre su origen. Pero uno de los momentos más célebres y conocidos del programa se produjo cuando Chumlee, sujetando en sus manos unas enormes tijeras que pretendían atribuirse a Eduardo Manostijeras, se dirige de forma irónica al propietario del negocio y le dice «No lo sé Rick, parece falso». La escena dio lugar a multitud de memes, viralizados a través de las redes, utilizados recurrentemente para poner de manifiesto de forma jocosa que algo carece de todo sustento y credibilidad.
Lo mismo ocurre con afirmaciones tales como que el poder judicial interfiere en los otros poderes del estado, en particular en el legislativo, debiendo limitarse a aplicar las leyes emanadas del parlamento y no a contravenirlas, de lo que constituye un claro ejemplo el hecho de haberse cargado los jueces hasta tres presidentes de la Generalitat catalana por el mero capricho de pretender que el engranaje democrático no funcione con absoluta normalidad. «No lo sé Rick, parece falso», porque si estos presidentes son Artur Mas, Carlos Puigdemont y Joaquim Torra, sería más certero afirmar que fueron inhabilitados para sus cargos como consecuencia de aplicar los tribunales de forma estricta las leyes emanadas del parlamento y, más concretamente, nuestro Código Penal. Recordemos que el primero fue condenado por el Tribunal Supremo a un año y un mes de inhabilitación especial por delito de desobediencia grave al Tribunal Constitucional en la consulta del 9-N en 2014. Qué decir del segundo, huido de la justicia española para eludir su procesamiento por delito de malversación desde la efímera declaración unilateral de independencia de Cataluña tras el referéndum ilegal del 1-O que abocó a la disolución del Parlamento catalán en aplicación de lo dispuesto por el artículo 155 de la Constitución. El tercero en discordia fue condenado dos veces a penas de inhabilitación especial de quince y dieciocho meses por desobedecer de forma contundente, reiterada, contumaz y obstinada a la Junta Electoral Central, encargada de velar por la neutralidad, transparencia y objetividad de los poderes públicos en los procesos electorales conforme prevé la Ley Orgánica 5/1985, de Régimen Electoral General, al no retirar una pancarta que aludía a los políticos presos o exiliados en las elecciones generales de 2019. Por si fuera poco, durante los próximos meses se enjuiciará por la Audiencia Nacional, como en el cuento de Blancanieves de los hermanos Grimm, tanto a Jordi Pujol como a sus siete hijos por presuntos delitos de asociación ilícita, blanqueo de capitales, falsedad documental y delitos contra la Hacienda Pública por una fortuna oculta en la idolatrada Andorra. ¡Ay que ver como se ponen estos jueces por cuatro perras!
Como no, también se afirma alegre y reiteradamente que los jueces deberían ser elegidos democráticamente, porque no es posible que quien no ha sido elegido por el pueblo pueda quitar de su puesto a alguien que sí lo ha sido. «No lo sé Rick, parece falso», porque los otros sistemas existentes, donde la elección de los jueces se atribuye al poder ejecutivo o al legislativo o en los que son elegidos directamente por el pueblo mediante votación, son infinitamente peores en orden a salvaguardar su independencia que aquel que atiende exclusivamente al mérito y la capacidad de sus integrantes, a lo que también coadyuva su inamovilidad, responsabilidad y sometimiento exclusivo al imperio de la ley. De hecho, ya quisiéramos todos que los cargos electos que nos gobiernan y administran lo fueran exclusivamente por su mérito y capacidad, porque ya ven que aquí el menos pintado, con independencia de sus conocimientos o habilidades y sin que se le exija tan siquiera ser licenciado en ciencias políticas o en aquella materia sobre la que va a decidir, puede llegar a ser presidente, ministro y hasta eurodiputado. Todo es cuestión de arrimarse a una sombra que cobije, creerse a pies juntillas sus consignas, repetirlas como una cotorra, acudir a mítines en modo hooligan y pegar algún que otro cartel electoral. Así nos va.
Incluso se mantiene que es una anomalía democrática que el poder judicial pueda controlar la actuación del mal llamado poder municipal, es decir, que no debería existir un sistema de control judicial de la administración que verifique si su actuación es acorde al ordenamiento jurídico, pudiendo los órganos administrativos, con independencia de su ámbito, hacer lo que les venga en gana. «No lo sé Rick, parece falso», porque precisamente el control judicial de la administración, velando por el respeto a los principios de legalidad, seguridad jurídica y transparencia, como manifestación del derecho a la tutela judicial efectiva, constituye una garantía fundamental del Estado de Derecho prevista por el artículo 106 de la Constitución, que señala expresamente que los tribunales y, en particular, los integrantes de la jurisdicción contencioso-administrativa, controlarán la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa, así como el sometimiento de ésta a los fines que la justifican, no debiendo olvidar que el artículo 103 del mismo texto prevé que la administración pública servirá con objetividad los intereses generales actuando con sometimiento pleno a la ley y al derecho, lo que impide que puedan existir decisiones y actuaciones de la administración inmunes al control judicial. ¡Ay si levantara la cabeza García de Enterría!
Y es que, aunque son conceptos que deberían aprenderse desde preescolar, calificar de bien reciente una sentencia que data del 26 de enero de 2022, anterior a que Rusia invadiera Ucrania, falleciera Isabel II o Argentina ganara el mundial de fútbol de Catar, tan solo nos recuerda una especie de burda imitación de Karina buscando en el baúl de los recuerdos cualquier argumento con el que seguir batallando estérilmente para una causa que se pretendía superar con leyes tan cuestionables como la de amnistía. Calificarla además de arbitraria es tener ganas de bronca o la simple consecuencia de no saber ni papa de conceptos jurídicos básicos. Ahora resulta que el poder judicial, encargado de velar por los derechos y libertades de los ciudadanos, es el ogro opresor que actúa movido por oscuros intereses, y que quien se pasa por el forro los pilares esenciales que sustentan nuestra convivencia es poco menos que el abuelito de Heidi. «No lo sé Rick, parece falso».