Efectivamente, tal como se pudo comprobar esta misma semana en el pleno del Consell Insular d’Eivissa, todo sigue exactamente igual en materia de vivienda. Los partidos políticos siguen aferrados a sus propias propuestas, despreciando y rechazando sin más las que provienen del rival. Siguen incapaces de ver el calado real del problema y mostrando abiertamente su incapacidad para afrontar seriamente la gravísima situación que afecta con especial virulencia a Eivissa y Formentera.
Mientras los partidos siguen enfrentándose en nuestras instituciones, mientras todos ellos siguen haciendo declaraciones sobre la gravedad de la situación, mientras siguen culpándose los unos a los otros sin querer ver y reconocer que todos sin excepción tienen su cuota de responsabilidad; el problema no hace más que crecer y crecer. Es ya una constante que cada vez que se publica un listado de los lugares más caros a la hora de comprar una vivienda nueva o de segunda mano, sistemáticamente los primeros lugares los ocupan siempre municipios de Eivissa o Formentera.
Se siguen haciendo anuncios, que no propuestas reales, sobre ideas para combatir el constante encarecimiento tanto en los precios de compra, como en los alquileres de las viviendas, pero queda claro que de nada han servido hasta la fecha, ya que no hacen más que subir y subir. La demagogia que se viene practicando desde las instituciones, ha llegado a un punto en que dan la sensación de conformarse ya con la idea de intentar frenar la subida de los precios. Lo de conseguir reconducirlos y hacer que vuelvan a ser mínimamente asumibles para las familias con economías medias, es pura ficción.
La realidad es tozuda y nos demuestra día a día la inutilidad de las propuestas que hasta ahora se han venido aplicando. Muestra de ello pueden ser los precios metro cuadrado reconocidos en los últimos estudios de mercado presentados; en ellos el valor del metro cuadrado en algunos municipios de nuestras islas oscila entre los 8.000 y los 9.000 euros, andándoles a la zaga el resto de municipios.
El último dato conocido sobre resultados de las medidas aprobadas y que se han puesto en marcha para contener los precios de los alquileres, es francamente desalentador. 20 son los contratos firmados en el conjunto de Baleares a través del denominado programa de «alquiler seguro» y que fijaba un tope para Eivissa y Formentera del precio a cobrar de 2.100 euros, de cuyo importe el Govern se hará cargo del 30%. De esos 20 contratos, 18 son en Mallorca y 2 en Menorca. Las Pitiusas se siguen quedando a cero. No debemos olvidar que en las declaraciones que se hicieron al anunciar la puesta en marcha de este programa, se marco el objetivo de llegar a los 2.000 o 3.000 contratos a firmar a través del mismo.
Resulta desalentador ver la inoperancia de este tipo de medidas, sobre todo cuando se sabe que en las Pitiusas al menos, ya se están pidiendo de 800 a 1.000 euros por el alquiler de una sola habitación. No de un pequeño apartamento o estudio, de una sola habitación en un piso compartido. ¿Qué más hace falta para darse cuenta de la gravedad real del problema?
Los especuladores sin escrúpulos se siguen frotando las manos y llenándose los bolsillos a cuenta del sacrifico que muchos trabajadores se ven obligados a realizar, para tener un lugar en el que descansar durante las horas en las que no trabajan. Estos propietarios explotadores siguen burlándose de las instituciones y no se detienen ante las tibias e inútiles medidas que se aplican para hacerles frente. Por parte de los responsables políticos, se sigue demostrando una alarmante falta de ingenio y valentía para plantar cara a los especuladores.
Siguen demostrando los responsables de las instituciones, su falta de ideas y de la valentía suficiente para hacer lo que realmente toca, resultándoles mucho más fácil seguir tirándose los trastos a la cabeza, a pesar de la inutilidad y la inoperancia que ello conlleva. Como única salida se sigue planteando la necesidad de construir mucha vivienda nueva, sin hacer nada efectivo con las miles ya construidas y que se están explotando ilegalmente. Cabe recordar que los datos ofrecidos por la patronal hotelera cifran en unas 80.000 plazas regladas las que se van a poner a disposición de los turistas que nos visitan. Al mismo tiempo estaría bien recordar que el verano pasado se calculaba que unos 100.000 visitantes se estaban alojando en algún lugar desconocido, evidentemente a través del alquiler turístico ilegal.
Si todas las viviendas residenciales se utilizaran realmente para albergar a residentes y trabajadores y, si quien tiene la responsabilidad de actuar fuera capaz de tomar medidas para contener el abuso y la especulación en los alquileres, posiblemente no haría falta seguir tapando nuestro preciado territorio de cemento y hormigón. No es tan cierto que hacen falta muchas más viviendas, como que las que hay se utilizan irregularmente. El verano empieza y nada ha cambiado, por más que algunos sigan manifestando un optimismo infundado.