Erróneamente existe la creencia en determinados sectores de que la simple aprobación de leyes es suficiente para resolver determinados problemas. Está más que comprobado que la realidad es muy distinta y que se necesita algo, o mejor dicho mucho más para obtener el resultado que se persigue mediante una normativa aprobada.
En innumerables ocasiones ha habido que reconocer la dificultad que conlleva la aplicación de una ley. En muchos casos por que la misma no va acompañada del correspondiente presupuesto que ha de permitir su aplicación y otros, por la falta de personal y medios técnicos que han de permitir hacerlo. En pocos días, concretamente el 1 de junio, ha de entrar en vigor una ley de suma importancia para el presente y el futuro de la isla de Eivissa. Dicha ley no es otra que la que ha de regular la entrada y circulación de vehículos en la isla.
Cabe recordar que la citada ley y la urgencia en su aplicación, fueron fruto de un amplio consenso, tanto en el Consell Insular, como en su aprobación en el Parlament Balear. Dicho consenso se ha visto rápidamente truncado a la hora de concretar los detalles de su aplicación. Nuevamente aparece la incapacidad para alcanzar acuerdos, ni en aquello que nos ha de beneficiar a todos. Las primeras discrepancias aparecieron a raíz de si había que aplicarla de entrada solo a los vehículos de alquiler y caravanas o autocaravanas, o bien a todo tipo de vehículos, por lo tanto también a los privados.
Finalmente se aceptó que debía aplicarse desde el inicio a todos los vehículos de cuatro ruedas, ya que no está previsto hacerlo con las motos. Pero con esta decisión no se acabo la polémica y las decisiones que se han tomado por parte del Consell Insular para empezar a aplicarlas a partir de este próximo mes, siguen siendo motivo de enfrentamiento entre el equipo de gobierno y la oposición. Lo cierto es que ya hace algunos años que circular por nuestras carreteras durante la temporada de verano, viene siendo una autentica tortura. La saturación de la red viaria en general es permanente durante los meses estivales. Suele ser mayor el caos durante los meses álgidos de la temporada, es decir julio y agosto, si bien cada año se va extendiendo el problema a los otros meses.
La mayor o menor efectividad de una normativa, puede medirse en base a la rapidez en llegar a la consecución del objetivo perseguido con la misma. Si partimos de esta premisa y la aplicamos a esta ley que ha de regular la entrada de vehículos a la isla, parece claro que las decisiones tomadas en cuanto a su inmediata aplicación, hacen que resulte difícil poder ver resultados reales antes de 2030.
Con esta ley se han cometido los mismos errores que con algunas otras, ya que si bien se ha aprobado con urgencia en el Parlament, para su rápida aplicación este mismo verano, no se han realizado los trabajos o previsiones necesarias para que su aplicación permita ver resultados desde este primer verano. Y no será así debido a que el número de vehículos autorizados no va a suponer ningún cambio visible en nuestras carreteras. Resulta como mínimo chocante, el argumento que por parte del Consell se está esgrimiendo para justificar el cupo finalmente aprobado. Según la administración insular, la cifra de poco más de 20.000 vehículos de no residentes, es una cifra de partida ya que se desconocen cifras reales de cuántos de esos vehículos circulan al día en verano. Según los responsables insulares en materia de movilidad, a partir de los datos concretos y reales de este año se podrá ajustar el citado cupo. La incredulidad es máxima ante tal argumento, ya que no resulta comprensible que no se hayan podido realizar los estudios concretos sobre el número de coches foráneos que circulan por nuestra isla con anterioridad; sobre todo si tenemos en cuenta que estos solo pueden entrar en la isla por un único punto, el puerto. Y no es por la inexistencia de sistemas efectivos de conteo y control.
Este es un error garrafal, primero se aprueba la ley y se empieza a aplicar sin haber hecho los estudios y controles reales previos absolutamente necesarios. Pero no es el único error, también resulta destacable que si bien se supone que el control de lo previsto en la ley, deberá realizarse mediante cámaras instaladas donde corresponda para conseguir la eficiencia de la normativa, lo cierto es que en unos días empieza a aplicarse la misma y de las citadas cámaras nada se sabe. ¿Tampoco se podía haber previsto su instalación antes de la entrada en vigor de la normativa?
Todo ello da pie a pensar que como suele ser habitual se actúa con improvisación. No se tiene en cuenta todo aquello que resulta necesario para la correcta aplicación de una ley, los trabajos previos son insuficientes y los medios necesarios para que sea efectiva solo figuran sobre el papel. Quienes gestionan nuestras administraciones siguen pensando que la sociedad se conformará con simples gestos y anuncios, si bien lo que hay que reclamar y conseguir es un resultado efectivo. Ya les digo que por mucho que entre la ley en vigor, seguiremos sufriendo los mismos atascos en las carreteras.