Pedro Sánchez está determinado a someter a los gobiernos autonómicos o insulares que no están en manos de la izquierda, por las buenas o por las malas. Tienen que obedecer los dictámenes de Madrid, les guste o no, por más que les perjudique o que les parezca una tarea imposible. Cada año estamos igual en aguas de las Pitiusas. Cuando no embarranca un ferri, se incendia un megayate que acaba hundiéndose y causando un vertido contaminante de combustible. No llegamos al punto de que el pasajero de un barco lance una bengala a tierra y con ella incendie el islote de s’Espalmador en Formentera, como en agosto del mar, sin aprovecharse de nada ni de nadie.
Quedan excluidas en todo caso Euskadi y Catalunya, por razones obvias. Estas dos comunidades autónomas pueden hacer lo que les dé la gana y tienen una relación privilegiada con el Gobierno de España, puesto que PNV, EH Bildu, Junts per Catalunya y ERC tienen en su mano hacer caer al Gobierno de coalición de PSOE y Sumar. Así, el Govern balear y los consells insulars, sobre todo los de Mallorca y Menorca, deben aceptar sin rechistar la llegada de 49 menores migrantes no acompañados procedentes de Canarias y Ceuta, por más que la situación aquí sea insostenible y los servicios de acogida estén desbordados por los menores que a diario llegan al archipiélago provenientes de Argelia.
El discurso amenazante del delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, al que se suma la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo, criticando a las instituciones gobernadas por la derecha, que se oponen al arbitrario reparto, tendría sentido si ellos mismos, acompañados por el diputado autonómico del PSIB, Omar Lamin, viajan a Barcelona y tildan a los líderes de ERC y Junts, de «irresponsables e insolidarios», por haber quedado excluidos del correspondiente lote.
También pueden ir a Vitoria y decirles lo mismo a los dirigentes del PNV, dado que Euskadi tampoco acogerá a ningún menor de los 3.800 a repartir entre todas las comunidades autónomas, excepto las dos privilegiadas por Sánchez. Lejos de hacerlo, optan por respaldar a sus jefes de Madrid en su amenaza de no transferir fondos de Inmigración a las comunidades que no se plieguen a sus decisiones, únicamente pactadas con los nacionalistas vascos y los independentistas catalanes, pero que a ellos no les afectan.
Pero ya sabemos que los cargos del Gobierno de España, entre los que se cuentan Rodríguez y Calvo, trabajan denodadamente por desgastar a los Ejecutivos autonómicos del PP y en ningún caso para resolver los problemas que sufre el país. Desde este punto de vista, es fácil comprender la aberración aprobada por el Ministerio de Transportes, legalizando el alquiler de embarcaciones de recreo de uso particular. Por si el mar y el litoral balear estuviera poco saturado.
Se trata de una medida controvertida, que ha despertado una fuerte contestación desde Baleares y también desde las Pitiusas. El rechazo aquí es unánime por parte del sector náutico, pero eso es justamente el mayor acicate para que el Gobierno central impulse una medida que hay que calificar como aberrante. PSOE y Sumar trabajan vigorosamente para complicar la vida al Govern de Marga Prohens y de paso, a los ciudadanos de Baleares.
Su propósito es erosionar a las administraciones que ellos no controlan; pero su entusiasmo en la perversa tarea encomendada por Pedro Sánchez al PSIB es tan grande e indisimulada, que la estrategia queda en evidencia con cada declaración y comunicado. No pasa inadvertida para los ciudadanos, que ven a las claras cómo los socialistas respaldan complacientemente a sus jefes de Palma y Madrid, incluso a costa de perjudicar a la ciudadanía de las Pitiusas. Lo estamos viendo con su apoyo al cupo catalán, recientemente acordado entre el Gobierno y la Generalitat de Catalunya. Sólo lo aplauden los socialistas catalanes y el PSIB.