En demasiadas ocasiones, buenas ideas para transformar nuestro territorio y nuestra economía se han quedado atascadas en un laberinto de trámites. Meses, incluso años, de expedientes y autorizaciones que desaniman a los inversores y retrasan los beneficios para los ciudadanos y nuestra tierra. Para revertirlo, el Govern de les Illes Balears ha puesto en marcha un nuevo marco pensado para dar un impulso decisivo a aquellas iniciativas privadas capaces de marcar la diferencia: la declaración de Proyectos de Especial Interés Estratégico (PEIE).
¿Qué significa esto? Que determinadas inversiones que aporten un valor añadido al conjunto de las islas podrán avanzar más rápido y con mayor seguridad. No se trata de rebajar controles ni de relajar garantías medioambientales o jurídicas, sino de organizar la administración de forma más eficiente. Así, proyectos clave en ámbitos como la innovación, la investigación, la salud, la educación, el ciclo del agua o el sector primario tendrán un carril prioritario para convertirse en realidad.
La declaración de PEIE puede lograrse por dos vías. Una de ellas es objetiva: acreditar una inversión mínima –desde medio millón de euros en proyectos agrarios hasta diez millones en sectores generales– y, además, comprometerse con la creación de empleo estable y de calidad. La otra es más cualitativa: que el proyecto, aunque no alcance esas cifras, sea considerado transformador por su capacidad de diversificar la economía, equilibrar el territorio o generar un impacto social relevante.
Un elemento central de esta nueva política es la Unidad Aceleradora de Proyectos Estratégicos (UAPE).
Su función será acompañar a los promotores en todo el recorrido administrativo y actuar de puente con las distintas instituciones. De esta manera, se garantiza que los plazos se acorten, que los obstáculos se resuelvan y que la inversión no se pierda por falta de coordinación. En definitiva, dotar de una ventanilla única a los promotores de estas inversiones. La simplificación de trámites puede llegar a reducir la burocracia hasta la mitad. Esto significa que proyectos con capacidad real de convertirnos en más competitivos estarán disponibles antes y de forma más eficiente. Todo ello sin perder de vista la sostenibilidad, que sigue siendo un principio irrenunciable.
Los beneficios son claros: se atrae capital privado, se generan oportunidades de empleo de calidad, se impulsa la diversificación económica y se fomenta la captación y retención de talento en las islas. Pero, además, se refuerza algo fundamental: la cooperación entre administraciones, empresas y sociedad civil. Los proyectos estratégicos no son iniciativas aisladas, sino piezas de un esfuerzo colectivo para avanzar hacia un modelo económico más sólido y equilibrado.
El reto que tienen por delante las Illes Balears es enorme. Necesitamos transformar nuestro modelo económico, pasar del volumen al valor, de la cantidad a la calidad. La vía rápida que ahora se abre para los proyectos estratégicos es una herramienta para acelerar esa transformación. No es una varita mágica, pero sí una forma de garantizar que las inversiones que realmente aportan valor no se pierdan por el camino.
En definitiva, con este nuevo marco las Illes Balears ganan agilidad, competitividad y capacidad de atraer innovación. Y lo más importante: se trata de un mecanismo pensado para que cada paso adelante repercuta en el bienestar de los ciudadanos, en la calidad del empleo y en un futuro más sostenible.