El sistema de pulseras telemáticas para maltratadores condenados falló. Y no lo denunció la fachosfera, ni la oposición, ni un tertuliano de ultraderecha, sino la Fiscalía General del Estado en su Memoria de 2024. Lo han ratificado multitud de operadores jurídicos como asociaciones profesionales de jueces y fiscales, abogados y asociaciones feministas. Aun así, la ministra de Igualdad se permitió el lujo de negar lo evidente durante días, con una patética retahíla de excusas. Un episodio vergonzoso que retrata no solo la fragilidad de un sistema que debería proteger a las mujeres maltratadas, sino también la insolvencia clamorosa de un Gobierno incapaz de admitir errores y asumir responsabilidades.
Mientras tanto, cada asesinato machista se acompaña de tuits encendidos de dirigentes políticas, declaraciones grandilocuentes y minutos de silencio. Pero tras las lágrimas y las pancartas, nada cambia. No se corrigen los fallos técnicos, no se refuerzan los protocolos, no se exigen responsabilidades. La hipocresía es total: indignación en redes sociales y silencio en los despachos.
Especialmente llamativo resulta el papel de la sección femenina del PSOE ibicenco, también conocida como la Asociación de Mujeres Progresistas de Ibiza, que ahora preside la exconcejal socialista de Vila, Montserrat García. ¿Qué han hecho? Justificar al Gobierno, repetir el argumentario oficial de Ferraz, hablar de bulos en redes sociales… pero ni una sola exigencia de dimisión, ni una petición de responsabilidad política. Ni una. El manual al pie de la letra.
Cabe preguntarse: ¿qué habría pasado si los fallos se hubieran producido bajo un gobierno del PP y Vox? La respuesta es evidente. Las mismas que hoy callan, se habrían manifestado en Vara de Rey con los lazos morados, acusado al Gobierno de complicidad con los agresores machistas y hubieran pedido la cabeza de la ministra. Pero como el desastre ocurre bajo un Ejecutivo de PSOE y Sumar, toca mirar hacia otro lado. Ni un triste comunicado de prensa, ni un sencillo comunicado denunciando la indefensión de las mujeres víctimas de violencia de género.
El fracaso de las pulseras no es un fallo burocrático, sino la caída de un sistema de protección que puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Negarlo es insultar a las víctimas. Justificarlo, aún peor: es complicidad. Y seguir parapetadas en el silencio, un acto de cinismo que debería sonrojar a quienes presumen de feminismo progresista.
En este asunto, el Gobierno ha dejado en evidencia su incapacidad, su falta de autocrítica y su desvergüenza política. Las pulseras no funcionan como deberían, las víctimas lo saben, la Fiscalía lo confirma y los colectivos lo denuncian. Lo demás es ruido, hipocresía y postureo.
Pulseras 0 muertos, dana 229.