Cinco años son demasiado tiempo para vivir esperando volver a casa. Los vecinos de los Don Pepe lo saben bien: desde aquel desalojo que los obligó a abandonar sus viviendas, han vivido entre promesas, informes y plazos administrativos que parecen eternos. Sin embargo, hoy perciben algo que hacía tiempo no sentían: esperanza. El compromiso expresado por el alcalde de Sant Josep, Vicent Roig, de que «para diciembre habrá algo firmado» alimenta esa ilusión de retorno. También las palabras de la portavoz vecinal, Silvia Hernández, transmiten una mezcla de prudencia y deseo de creer que esta vez sí se pondrá fin al laberinto burocrático. Que las tres administraciones implicadas -Ayuntamiento, Consell y Govern– estén alineadas es un paso necesario, pero no suficiente. La buena sintonía debe traducirse en hechos, en licencias, en llaves entregadas. La paciencia de los afectados ha sido admirable, sobre todo teniendo que afrontar alquileres y hipotecas al mismo tiempo. La empatía no basta; lo que necesitan es certeza y plazos reales. No hablamos sólo de ladrillos o de expedientes: hablamos de hogares, de vidas suspendidas en una espera injusta. Diciembre está cerca. Ojalá esta vez la promesa se cumpla y los Don Pepe vuelvan a ser lo que siempre debieron ser: casas llenas de vida y no símbolo de abandono institucional. La declaración de ruina, tomada en su día por el anterior equipo de gobierno, abrió un proceso que parece no tener fin, y que incluso los propios responsables actuales reconocen que nunca debió llegar tan lejos. Mientras tanto, las ayudas al alquiler llegan tarde y las facturas no esperan. La desesperación de los vecinos es comprensible: llevan años escuchando que su caso es «prioritario», pero la prioridad no se está midiendo en soluciones. En este sentido, el compromiso mostrado por el alcalde representa un punto de inflexión que debe consolidarse en acciones concretas.
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