Cuenta el libro del Génesis, en el Antiguo Testamento, que los descendientes de Noé que sobrevivieron al diluvio universal se asentaron hablando una misma lengua en la Llanura de Sinar, en el valle formado por los ríos Tigris y Éufrates en Mesopotamia. Allí decidieron construir una torre que llegara hasta el cielo, lo que fue visto por Dios como un gesto de osadía por el que los castigó haciéndoles hablar diferentes lenguas para confundirlos, que abandonaran la construcción y se diseminaran por la tierra dando lugar al nacimiento de distintas culturas y civilizaciones que se valieron de nuevos idiomas para comunicarse. Sin embargo, parece que aquel castigo divino perdura en algunas mentes, aderezadas ahora con quijotescas dosis de cinismo, que llegan a obviar por completo la esencia y finalidad del lenguaje para convertirlo, además de en una peligrosa arma de confrontación, en un coladero de pretensiones políticas ilegales e ilegítimas.
Recordemos que el artículo 3 de nuestra Constitución reconoce que el castellano es la lengua oficial del Estado, considerando a las demás lenguas también como oficiales en sus respectivas Comunidades Autónomas, adicionándose que se garantizará su uso sin que nadie pueda ser discriminado por ello. En estos territorios ambas lenguas son oficiales o, si se quiere, cooficiales, tanto da, porque las dos son un vehículo de expresión hábil, tienen la misma validez jurídica y no presentan carácter preferente o excluyente. Por eso, la Sentencia de 20 de enero 2025 de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, trasladando la doctrina del Tribunal Constitucional en materia de cooficialidad lingüística al ámbito educativo, reconoció el derecho de un alumno de un módulo de FP de técnico de emergencias a examinarse en castellano de dos materias no lingüísticas cuya docencia se impartía en valenciano, lo que sería igualmente aplicable en caso contrario. De lo que se trataba era de garantizar los derechos del alumno, que no del profesor, de evaluar sus conocimientos técnicos, que no lingüísticos, y todo ello respecto de una titulación válida en todo el territorio nacional, que no exclusivamente en aquel en que se obtenía.
«Porque sí, es cierto que el castellano es mayoritario en Cataluña y que debe promoverse y defenderse la lengua catalana, faltaría más. Pero ello no puede justificar jamás que se pueda discriminar, hasta el punto de ser perseguido, amenazado y socialmente señalado»
En la misma línea, y también en el ámbito educativo, la Sentencia de 16 de diciembre de 2020 de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña declaraba la obligación de la Generalitat de adoptar las medidas que resultaran necesarias para garantizar que, en la enseñanza comprendida en el sistema educativo catalán, todos los alumnos la recibieran de manera efectiva e inmediata mediante la utilización vehicular de sus dos lenguas oficiales en los porcentajes que se determinaran, no inferiores en ningún caso al 25%. El problema vino cuando una familia instó de forma legítima al centro escolar en el que estudiaba su hija la aplicación de dicha resolución, lo que generó contra ellos un movimiento de respuesta hostil con multitud de mensajes, publicados en una conocida red social, en los que se hacían llamamientos a la exclusión social de la menor, a que se identificara con nombre y apellidos a la familia para que vivieran un infierno mediático, hacerles la vida imposible, apedrear su vivienda y perseguirlos día y noche hasta que huyeran, sirviendo además todo ello de advertencia para las familias que en el futuro quisieran emular ésta reivindicación.
Afirmaciones como «els seus pares són uns colons no integrats i terroristes», «són nazis espanyols supremacistes», «li haurien de fer bulling fins que foti el camp», «han de viure un infern mediàtic» o «Foteu fora de l’escola a aquesta merda de familia» ponían de manifiesto un odio desmedido hacia los castellanoparlantes con propuestas de ejecución de actuaciones alentando a la violencia, al aislamiento y al hostigamiento de esta familia que no pueden ser bajo ningún concepto objeto de justificación ni tan siquiera por algunos obstinados fanáticos sin remedio. Esta conducta dio lugar a la Sentencia de la Sección vigésimo primera de la Audiencia Provincial de Barcelona de 30 de octubre de 2025, que condenó a uno de los firmantes de estas publicaciones como autor de un delito de odio y contra la integridad moral dado el calvario sufrido por la familia, por cuanto la libertad de expresión no puede amparar nunca las llamadas al linchamiento ni a la exclusión social sobre la base de una animadversión a la lengua española y a todo lo que sea español. Porque sí, es cierto que el castellano es mayoritario en Cataluña y que debe promoverse y defenderse la lengua catalana, faltaría más. Pero ello no puede justificar jamás que se pueda discriminar, hasta el punto de ser perseguido, amenazado y socialmente señalado, a quien quiera hablar castellano en un territorio donde, no olvidemos, también es idioma oficial. El caso de la enfermera del Vall d’Hebron, el de la heladería del barrio de Gràcia, el de la obra de teatro Esas latinas o el condenado en esta sentencia son solo algunos ejemplos de esta peligrosa intolerancia y animadversión por razón de la lengua que se ha venido potenciando tanto por la acción de unos como por la omisión de otros hasta el punto de convertir en un colectivo vulnerable a los castellanoparlantes en Cataluña.
El Nuevo Testamento concluye la historia recogida en el Génesis mediante la restauración del hombre manifestada en el Pentecostés con el milagro del hablar de lenguas, consistente, como símbolo de entendimiento y redención, en la capacidad de las personas de hablar idiomas que hasta ahora desconocían, un don del que lamentablemente carecen en su mayoría los ciudadanos que residen en determinados territorios como el nuestro. Tal vez esto algún día sea posible, visto lo visto quien sabe, porque, como la de Babel, torres más altas han caído. Pero por ahora habría que conformarse, aunque sea recurriendo a una intervención cuasi divina, con que se respete el derecho a que cada uno use la lengua que quiera sin ser odiado o discriminado por ello. Amén.