«¿Quién va a pedir disculpas al fiscal general?»

Pedro Sánchez debería empezar a revisar su manual de excusas. «No hay caso, no hay pruebas, no hay nada, el fiscal general es inocente y más después de lo visto en el juicio…». El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha sido inhabilitado por revelación de secretos en una sentencia histórica: la primera condena penal a un fiscal general en la historia del país. Había caso, claro que lo había. Es lo que tiene recurrir a maniobras barriobajeras, propias de las cloacas, para atacar al novio de la máxima rival de Sánchez, la enemiga pública de los socialistas con la que hay que acabar a toda costa, por las buenas o por las malas, como es el caso. Durante meses nos han repetido que todo era humo, que no había indicios, que el Supremo jamás admitiría una causa tan «débil». Pero los cinco magistrados que han firmado la sentencia dejan en ridículo a quienes se dedicaron a pontificar desde los micrófonos —y desde el Consejo de Ministros— que aquí no había ni materia ni recorrido. Pues lo había, vaya si lo había: materia para investigar, pruebas suficientes para juzgar y fundamento para condenar. Lo demás es propaganda de supervivencia, la especialidad de Sánchez. Este es el primer caso en el que el Gobierno proclamó solemnemente que no había caso… y ha acabado en una condena rotunda. Y quizá no sea el último. Hay otros casos que rodean al PSOE y al propio entorno del presidente —su hermano, su esposa y el caso Koldo-Ábalos-Cerdán— que siguen ese mismo patrón de negación sistemática, ese mismo mantra de «el tiempo pondrá todo en su sitio», ese mismo tic de despreciar a los jueces. La sentencia al fiscal general adelanta lo que podría convertirse en un rosario de disgustos para un Gobierno que insiste en negar lo evidente. Mientras tanto, en los próximos días veremos cómo se trata de vejar a los jueces del Supremo, pero la sentencia es inapelable.