En cualquier democracia, la gestión de la memoria colectiva constituye un indicador de su nivel de consistencia. Las conmemoraciones oficiales son momentos que un gobierno elige para fijar qué episodios y qué figuras representan su relato histórico. Con ello se pretende señalar qué principios deben guiarnos y qué ejemplos merecen mantenerse vivos.
Ahora bien, sorprende la desproporción con la que el Gobierno de España ha impulsado el cincuentenario de la muerte del dictador Francisco Franco mientras ignoraba el centenario del fallecimiento de Antonio Maura, presidente del Gobierno en cinco ocasiones y uno de los grandes reformistas del constitucionalismo español. Se ha puesto el foco en un dictador y se ha reducido la figura de un presidente que defendió y fortaleció las libertades. Este desequilibrio no es casual y dice mucho sobre el tipo de memoria que algunos pretenden construir.
Las revisiones del pasado no pueden ser selectivas ni responder a la rentabilidad coyuntural de nadie. El revisionismo histórico solo tiene valor cuando se basa en un relato honesto y riguroso de los hechos. Convertir la memoria en un instrumento político empobrece la democracia y deja en segundo plano a quienes contribuyeron a construir el Estado constitucional. Maura fue uno de ellos.
En este contexto muy llamativa resulta el comportamiento de Francina Armengol. Como presidenta del Congreso ha participado desde principios de año en actos oficiales sobre la muerte de Franco. En cambio, no ha promovido ningún gesto para recordar a Antonio Maura, mallorquín ilustre y el parlamentario más influyente de su tiempo. La presidenta de la Cámara que él engrandeció, y que además comparte con él la misma tierra, tenía la oportunidad de reivindicar un legado que hoy sigue siendo un ejemplo de seriedad y responsabilidad institucional. No hacerlo ha dejado sin reconocimiento al mayor parlamentario mallorquín que ha tenido España.
Frente a este vacío estatal e institucional, Baleares ha reaccionado con equilibrio y acierto. Instituciones públicas, culturales y académicas han recuperado la figura de Maura con rigor y equilibrio, devolviéndole el lugar que le corresponde en la historia del constitucionalismo español.
Este contraste obliga a una reflexión para el Gobierno y también para la presidenta del Congreso. No basta con atender solo a las efemérides que encajan en un relato político concreto. La responsabilidad institucional exige reconocer a quienes fortalecieron nuestras instituciones. Y Maura, sin duda, está entre ellos.
Recordarlo es un ejercicio de justicia histórica y también una forma de reforzar la calidad de nuestra democracia.