Que se siga manteniendo la vivienda como elemento de enfrentamiento político entre los diversos partidos de nuestro país, demuestra claramente que no se ha entendido en lo más mínimo la gravedad de la situación. A nivel estatal, autonómico o insular, tanto la derecha como la izquierda siguen demostrando su absoluta falta de voluntad de colaborar entre todos a la solución de la crisis habitacional. Unos y otros siguen en sus trece y nadie hace el mínimo gesto para cambiar la forma de hacerle frente. Nadie quiere dar su brazo a torcer y aceptar que aplicando solo las medidas propuestas por un solo partido, está más que demostrado que resultará imposible avanzar en la resolución del problema.
Parece mentira que encontrándonos en la crítica situación que sufre la mayor parte de la población actual, no se haya sido capaz de aceptar que en todos los sentidos hay que darle la vuelta al actual tratamiento que se da a la posibilidad de acceder a una vivienda digna por parte de todos los estamentos o instituciones con competencias para ello. Empezando por el incomprensible tratamiento que nuestra propia Constitución Española regula en cuanto al derecho a la vivienda, donde no se recoge como un derecho fundamental y por ello los poderes públicos no se sienten en absoluto forzados a cumplir con «la obligación de promover las condiciones necesarias y establecer las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho».
Viendo los más que claros problemas actuales para conseguir acceder a una vivienda digna, todos los partidos deberían ponerse de acuerdo en poder tener absolutamente controlado el sector inmobiliario y todo el volumen de negocio que el mismo ofrece, con la finalidad de evitar el menor atisbo de especulación. El sector inmobiliario no puede seguir siendo una selva salvaje en la que siempre sobreviven y se enriquecen unos pocos, en detrimento de la gran mayoría. Hay que acotar la capacidad de negocio con la vivienda como elemento central; una cosa es la posibilidad de obtener un cierto rendimiento a una propiedad y la otra, es especular descaradamente condicionando el mercado con el único objetivo de incrementar los ingresos permanentemente.
Para que cualquier medida pueda ser efectiva, hay que empezar por intervenir de forma urgente en el mercado inmobiliario, a pesar de lo poco que tal cosa guste a la derecha. Del mismo modo hay que establecer y aprobar las medidas necesarias para poder dar garantías a los propietarios, a pesar de las reticencias que ello pueda provocar en la izquierda política. Hay que diferenciar con meridiana claridad entre los grandes tenedores y los pequeños propietarios, con normativa clara, específica y contundente para unos y otros. Hay que evitar el enriquecimiento desproporcionado de las grandes corporaciones con la vivienda y regular convenientemente el margen de beneficio del pequeño propietario.
La primera medida que debería ser aprobada con el apoyo incondicional de todos y cada uno de los partidos democráticos, es la necesaria exclusión de la vivienda residencial, tanto plurifamiliar como unifamiliar, del negocio turístico. Para ser más claros, se trataría de eliminar cualquier posibilidad de utilizar una vivienda residencial como elemento de negocio especulativo a través del fraude del alquiler turístico de dichas viviendas. Son miles las viviendas que hay en las Pitiusas a las que ni los ciudadanos con rentas bajas, ni la que antes se consideraba clase media, pueden acceder. Las mismas permanecen buena parte del año cerradas y son ocupadas únicamente 4 o 5 meses al año, pagando por ellas unos precios abusivos.
Dada la limitación territorial de nuestras islas, unido al aumento de la población residente, resulta urgente la aprobación de medidas que limiten o prohíban la adquisición de una vivienda si no es para residir en ella. No se puede tapar de cemento y hormigón Eivissa y Formentera, por lo que las viviendas residenciales deben destinarse sí o sí a dar cobijo a residentes, excluyéndolas del negocio turístico. Es esta una medida que ya se aplica en algún país de la Unión Europea y que no hace diferencias entre los ciudadanos de nuestro país y los de otros de la UE.
Mucho se ha debatido y se sigue debatiendo sobre la posibilidad de prohibir la venta de viviendas a ciudadanos extranjeros y, sinceramente, creo que ese no es el núcleo del problema habitacional. Lo mismo da que los compradores sean nacionales o extranjeros, lo importante es el objetivo que se persigue con dicha compra; no se deberían poder seguir adquiriendo viviendas para especular y tratar de desangrar al inquilino que busca donde vivir o al residente de toda la vida en las islas que ve como le resulta imposible montar un proyecto de vida en la isla que le ha visto nacer y crecer y es obligado a abandonarla.
Hay que empezar ya por racionalizar las opciones habitacionales que ya existen y que están infrautilizadas para los residentes. No se trata solo de construir y construir más, hay que darle utilidad a lo ya existente sacándolo del negocio turístico inmobiliario.