Ya no se trata solo de un tema de responsabilidad política, que también, se trata de la responsabilidad social que nuestros representantes políticos, tanto en el gobierno como en la oposición, deberían tener y demostrar hacia la sociedad a la que se supone representan. Resulta francamente grotesco darse cuenta de que nadie llega a tomarse lo suficientemente en serio la gravedad de la situación. Ante semejante urgencia habitacional generalizada, está claro que el problema en cuestión es mucho más grave en unos lugares que en otros y por ello las posibles soluciones a aplicar, pueden tener diversos grados de contundencia. En un territorio con una superficie limitada por ser islas, como nuestra Comunidad Autónoma, el problema se multiplica y resulta especialmente grave en nuestras Pitiusas.
Por si alguien todavía pone en duda tal afirmación, basta que repase los últimos datos publicados por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Según esos datos los alquileres que deban ser revisados el próximo año 2026 se incrementarán de media en nuestro país en 1.735 euros anuales. Pero esa cifra es el resultado de meter en el mismo saco las cifras más altas y las más bajas que se aplicarán en cada comunidad autónoma. Analizando cada territorio, vemos que la mayor y más espectacular subida, se producirá en Baleares donde el citado encarecimiento se cifra en 4.615 euros, cifra que como se puede ver está muy por encima de la media nacional antes citada.
Pero por negativos y dramáticos que sean los datos que semana a semana, mes a mes y año tras año se van conociendo, ello no hace mella en la manera de actuar y por tanto de afrontar la situación de crisis social escandalosa que se sufre en todas partes y, que aquí resulta especialmente dramática. Sin el menor rubor en sus rostros por parte de quienes tienen la responsabilidad y obligación de actuar en esta crisis, se siguen haciendo anuncios de cara a un futuro demasiado lejano, que en nada ayudan a paliar un problema que se tiene y se sufre ya hoy. El actual Conseller de Vivienda del Govern plantea un plan de choque consistente en la construcción de cientos de viviendas de las que cabe decir, siendo muy optimistas, que podrían estar listas dentro de varios años ya que se trata de proyectos de futuro que mayoritariamente todavía no han iniciado su tramitación. De nuevo cabe destacar la ausencia de propuestas de solución a todos aquellos que sufren hoy mismo la crisis habitacional.
Por otro lado y como un ejemplo más de la falta de ideas y voluntad para atacar el problema, cabe destacar también las declaraciones del alcalde de Vila, muy preocupado por los asentamientos ilegales de chabolas o infraviviendas que tiene en su municipio. De sus manifestaciones se desprende que lo único que se propone por su parte es prohibir y perseguir el chabolismo y los asentamientos mediante vallados y procesos judiciales. Pero no contento con no saber aportar una sola solución que ayude a minimizar la crisis, tampoco reclama de sus compañeros de partido con responsabilidad y competencias en la materia, la aprobación de medidas sociales y habitacionales de efecto inmediato que permitan reconducir esos asentamientos.
Desde el Consell las aportaciones que se hacen por parte de su Presidente, tampoco sirven para nada. Que se siga resaltando la necesidad de no normalizar la falta de vivienda digna y que como aportación se siga hablando de que las soluciones deben salir de la tan manida «mesa de diálogo social», solo demuestra dos cosas: la ausencia de propuestas de solución por parte de su institución y la intención de exculpar a las administraciones públicas como máximas responsables del problema creado y de su responsabilidad máxima en solucionarlo.
Desde el Estado tampoco se demuestra la contundencia necesaria en la gestión del problema habitacional y no solo por no haber demostrado la capacidad y voluntad necesarias cuando había que tomar decisiones y podía hacerse; tampoco se demuestra la debida eficacia y eficiencia en la gestión de todo lo que engloba su capacidad competencial. Para muestra los años y años que se viene hablando del proyecto de viviendas de Ca n’Escandell.
El fracaso más absoluto de unos y otros es francamente escandaloso. Entre tanto, nadie parece tener la valentía suficiente para intervenir en la raíz del problema en Eivissa y Formentera, la existencia de miles de viviendas que permanecen cerradas o que de forma inexplicable se sigue permitiendo que se utilicen como un negocio turístico más, manteniéndolas fuera del sector inmobiliario puro y su uso puramente residencial.
Conseguir que todos los que buscan una vivienda digna y a un precio asequible puedan acceder a esas miles de viviendas ahora fuera del mercado residencial y, tomar las medidas necesarias y aplicables para controlar los precios de los alquileres, evitando al mismo tiempo que las viviendas puedan permanecer vacías y sin su debido uso residencial; ha de ser el primer y esencial paso que desde las administraciones hay que dar, sea cual sea su color político. Así se podría paliar el problema rápida y efectivamente.