La brutal agresión machista perpetrada el pasado domingo en Sant Antoni de Portmany, que todavía mantiene a una mujer de 31 años en la UCI y en la que también resultaron heridas la madre y la hermana de la expareja del atacante, ha conmocionado a la sociedad ibicenca.
Según parece, concurren en este lamentable caso una cadena de circunstancias técnicas, judiciales y operativas que, sumadas todas, dejaron a una mujer amenazada a merced de un agresor con orden de alejamiento. Pero ahora, cuando el presunto criminal ha sido encarcelado preventivamente a la espera de juicio, acusado de graves delitos, la prioridad debe ser identificar qué pudo fallar y en quién recae la responsabilidad de los errores que pusieron a la víctima en una fatal situación de desprotección, si es el caso.
Los familiares sostienen que la pulsera antimaltrato «no sonó» y que fueron ellos quienes tuvieron que dar la voz de alarma porque encontraron al agresor dentro de la casa. Fuentes judiciales apuntan a un «funcionamiento errático» del dispositivo, ya que la alerta habría llegado cuando la Guardia Civil ya estaba en el domicilio, incluso después de la detención del atacante. Si esto se confirma, el sistema no solo no previno, sino que llegó tarde. Vamos, que la pulsera antimaltrato no sirvió de nada.
El Ministerio de Igualdad responde que el sistema funcionó, que la Sala COMETA gestionó la alerta conforme al protocolo establecido y que la intervención fue «urgente». Pero ha aparecido otro factor a analizar. Igualdad admite que el rendimiento «óptimo» se da a partir de 350 metros y que COMETA habría oficiado al juzgado para ampliar la distancia —fijada judicialmente en 100 metros— ya el 8 de enero, sin obtener respuesta. Pero fuentes judiciales aseguran que ellos no han recibido ningún escrito en ese sentido.
Es muy importante aclarar este extremo, porque se diría que ante la gravedad de la situación, todo el mundo está tratando de escurrir el bulto, echándose las culpas unos a otros. Pero si es cierto que Igualdad instó a aumentar la distancia de la orden de alejamiento, ¿por qué el juzgado estableció y luego mantuvo una distancia que el propio sistema considera insuficiente para reaccionar a tiempo?
Y, a la vez, otra pregunta igual de incómoda para Igualdad: si el sistema no garantiza eficacia con 100 metros, ¿por qué no se establecen otro tipo de medidas que aseguren la protección de la víctima? Es evidente que 100 metros de distancia son ridículos y no permiten reaccionar ni ponerse a salvo, aún en el caso de que la pulsera no falle por falta de cobertura o por quién sabe qué peregrina razón.
La Delegación del Gobierno en Baleares elude dar explicaciones argumentando que hay una investigación judicial abierta. Y mientras tanto, el Govern balear y también el Consell d’Eivissa reclaman información y que se asuman responsabilidades.
Llegados a este punto, lo exigible es una investigación independiente que determine con total precisión y exactitud lo que sucedió: señales emitidas, señales recibidas, cobertura, batería, activación de SOS, llamadas, patrullas movilizadas, y por qué la orden de alejamiento quedó en 100 metros pese a la evidencia de que eso no sirve de nada y se recomienda al menos 350 metros. Con esa información sobre la mesa, habrá que establecer responsabilidades: si falló el dispositivo, si falló el protocolo, si falló la respuesta o si falló la decisión judicial. Y si fallaron varias cosas, se admite y se corrige.
Porque la peor conclusión posible es resignarse a que haya errores. «A veces pasa». No. No puede pasar cuando hay una orden de alejamiento, un sistema telemático y un Estado que presume de proteger a las mujeres víctimas de violencia machista. Determinar qué falló en Sant Antoni es la única manera de que la próxima alarma no suene cuando ya sea demasiado tarde y no sirva de nada. Porque en materia de violencia de género, sabemos que los errores cuestan vidas. Y no podemos aceptar que eso suceda.
Ante cualquier agresión machista el primer fallo es quien la conoce y la encubre… Le suena sñr Perpinya???