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Menores y el fracaso de la política migratoria

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Podría parecer que los últimos incidentes ocurridos en los centros de acogida de Ibiza y de Formentera responden simplemente a problemas de convivencia entre menores. Pero no. La realidad es bastante más compleja. Lo ocurrido estos días —incidentes en los que, además, resultó afectada una monitora, a quien quiero trasladar todo nuestro apoyo— es la señal de un sistema que en las Pitiusas lleva demasiado tiempo funcionando al límite.

Ciertamente, los incidentes que se han conocido sucedieron a principios de semana en un contexto de presión creciente sobre los servicios de acogida de Sa Coma. El centro atiende hoy a más de cien menores, muchos de ellos llegados a través de rutas migratorias clandestinas. A esto hay que sumarle lo que pasa en Formentera, donde la imparable llegada de embarcaciones obliga al Consell a aportar recursos extraordinarios que desbordan todas sus previsiones.

Como sabemos, estos sistemas de protección de menores se crearon para atender situaciones de desamparo sobrevenidas, tales como menores víctimas de abandono, de maltrato o de graves conflictos familiares que necesitan la tutela temporal de las instituciones públicas. En Ibiza y en Formentera esa responsabilidad recae sobre los Consells Insulars, que durante años han desarrollado un modelo pensado precisamente para dar respuesta a este tipo de situaciones tan excepcionales.

Pero lo que estamos viendo ahora en las Pitiusas responde a una realidad muy distinta. Muchos de los menores que llegan a nuestras costas lo hacen a través de rutas migratorias clandestinas. No siempre se tiene la certeza de que procedan de situaciones de desamparo en sus países de origen. Llegan sabiendo que, por su condición de menores, serán acogidos, tutelados y bien tratados. Y lo cierto es que apenas existen reclamaciones de retorno por parte de sus familias, que conocen perfectamente cómo funciona nuestro entorno de asistencia social.

Pero el problema no son los menores. El problema es que se está haciendo uso de un sistema pensado para proteger situaciones puntuales de desamparo y no se está gestionando un fenómeno migratorio que es estructural. Y esa dejación de funciones por parte del Gobierno de Pedro Sánchez está teniendo consecuencias muy graves para territorios como Ibiza o Formentera.

Pero es que, además, ni siquiera se está aplicando plenamente la ley vigente. La legislación española, en concreto el artículo 35 de la Ley Orgánica 4/2000, de Extranjería, dice cómo debe actuarse ante la llegada de menores extranjeros no acompañados. Cuando aparece un menor, lo primero es protegerlo, evidentemente. Nadie discute eso. Pero la ley también dice que el Gobierno de España debe poner en marcha de inmediato las actuaciones necesarias para identificar al menor, localizar a su familia y facilitar su retorno al país de origen cuando sea posible y siempre en interés del propio menor.

Ahora bien, en la práctica lo que sucede es otra cosa. El menor entra en nuestro territorio, pasa automáticamente al sistema de protección sin que se activen de forma real los mecanismos de localización familiar o retorno que prevé la ley. Y así es como un sistema pensado para proteger situaciones excepcionales termina funcionando como una vía de gestión de la inmigración irregular.

Ahí está el origen del problema que hoy viven Ibiza y Formentera. Por lo tanto, la saturación del sistema de menores en las Pitiusas no solo se puede reducir a un problema de convivencia en los centros de acogida, sino que es la consecuencia directa de una política migratoria estatal que no está funcionando.

Y mientras esa parte siga fallando, la presión seguirá recayendo sobre los Consells Insulars, que no tienen competencias en política migratoria pero sí la obligación de atender a los menores que llegan a nuestras costas. Y así se llega a la situación actual, donde existen unas instituciones insulares que hacen un esfuerzo enorme para sostener un sistema pensado para otra realidad, mientras que el Gobierno de España, que es quien tiene las competencias y las herramientas para ordenar la inmigración, no está ejerciendo plenamente su responsabilidad. Y así estamos.

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